El Protocolo de Kyoto, el cambio climático y los costes de la reducción de emisiones

Sociedad - Ecología y Población

Dos artículos de Josu de la Varga y Jordi Mercader publicados en e-cristians.net y forumlibertas.com, respectivamente, que hacen referencia al futuro medioambiental del planeta y sus costes

El Protocolo de Kyoto sigue en coma mientras el cambio climático se cobra 150.000 vidas anuales - Josu de la Varga

¿Sólo los ciudadanos deben pagar la factura de Kyoto? - Jordi Mercader

El Protocolo de Kyoto sigue en coma mientras el cambio climático se cobra 150.000 vidas anuales Josu de la Varga (e-cristians.net)

La IX Conferencia del Cambio Climático (COP-9) se cerró en Milán sin un compromiso global que permita contemplar el futuro medioambiental del planeta con fundado optimismo. La ambigua posición rusa y la cerrazón de Estados Unidos destacan entre las políticas que llevan a cabo los países que todavía hoy incumplen el Protocolo de Kyoto, mientras el medio ambiente pasa factura: 150.000 muertes anuales en el mundo derivadas de la deficiente actuación ecológica del hombre. En este contexto España, tan sólo superada por Dinamarca, destaca como uno de los países que "no hacen nada" por combatir el cambio climático.

Todas las esperanzas depositadas en la incorporación de Rusia al grupo de países adheridos al Protocolo de Kyoto tendrán que esperar a la X Conferencia, que se celebrará en Buenos Aires a finales del año 2004. En esas fechas, en que deberían tener lugar las decisiones definitivas, se podría contar también con la colaboración de Estados Unidos, si los resultados de las próximas elecciones presidenciales norteamericanas desplazan del poder a la Administración Bush, el enemigo más activo del acuerdo global de protección medioambiental. Al cierre de la COP-9, que ha durado 12 días, los delegados de los 188 países presentes abandonaban Milán con una cierta expresión agridulce reflejada en sus rostros.

El motivo principal era, sin duda, la ambigüedad de la postura rusa, incapaz de asumir un compromiso que ratifique el protocolo emanado de la Cumbre de Kyoto, pero también hay que añadir el aplazamiento de otros pactos que se confiaba poder cerrar en Milán. Es el caso, por ejemplo, de la prórroga hasta nueva fecha de los criterios para la creación de un fondo financiero de 410 millones de dólares, al exigir la Unión Europea (UE) razones estrictas de que esos fondos se van a emplear sólo con fines energéticos sostenibles.

Los grupos ecologistas, entre los que destacan Greenpeace y WWF/Adena, consideran insuficientes los acuerdos adoptados en la cumbre de Milán. Reclaman a Putin un apoyo incondicional a la protección medioambiental y exigen también al conjunto de la UE una mayor inversión destinada a salvaguardar el medio ambiente. Muchos de los estados miembros incumplirán los objetivos sobre el cambio climático pactados en Kyoto a no ser que, de forma inmediata, se pongan en práctica soluciones alternativas para paliar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra de las reivindicaciones ecologistas hace referencia al veto que consideran que debería hacerse sobre la producción de árboles transgénicos, creados en laboratorio, para repoblar determinadas zonas con el objetivo de absorber los excedentes de dióxido de carbono.

Vidas humanas, un precio demasiado alto

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentado el 11 de diciembre en el transcurso de la Cumbre de Milán, el cambio climático provocó en el año 2000 alrededor de 150.000 muertes en todo el planeta. Además, los desastres naturales vinculados de alguna manera al aumento de las temperaturas y a fenómenos atmosféricos extremos han provocado en 2003 unos 50.000 millones de euros en pérdidas, un 10 por ciento más que en el año anterior. El calentamiento global del planeta, al mismo tiempo, influye notablemente en el aumento de problemas respiratorios y acelera los procesos epidémicos de determinadas enfermedades, como en el caso de la malaria. En el informe, se calcula que el 2 por ciento de los casos de malaria y el 2,4 por ciento de los de diarreas se producen como consecuencia del cambio climático y que, por esta misma causa, se producirá una considerable disminución de la esperanza de vida en el mundo, sobre todo en las zonas más subdesarrolladas. Las desgracias derivadas de fenómenos climatológicos extremos han ido aumentando en las dos últimas décadas. Así como en la década de los 80 hubo alrededor de 1.850 catástrofes, con 692.000 víctimas mortales y 1.300 millones de personas afectadas, en la década de los 90 se superaron los 2.000 desastres, lo que causó 600.000 muertes y afectó a 1.850 millones de personas.

En otro informe, de la Agencia de la ONU de Protección Ambiental, se hace especial referencia a la ola de calor que ha padecido Europa el verano de 2003, con un resultado de al menos 20.000 muertes y unas pérdidas agrícolas de unos 8.170 millones de euros. También se cita en el mismo estudio el caso de las inundaciones de los ríos Huai y Yangtse en China, que se produjeron entre junio y septiembre de 2003 y que destruyeron 650.000 hogares, con unas pérdidas económicas cifradas en 6.500 millones de euros. A la vista de estos datos, que no parecen haber impresionado demasiado a los asistentes a la IX Conferencia del Cambio Climático, sorprende la pasividad de ciertos gobiernos a la hora de cumplir con los compromisos adquiridos en Kyoto.

Algunos trazos de esperanza

A pesar de todo ello, las organizaciones ecologistas aplauden la docena de decisiones que se han aprobado en la Conferencia, entre las que cabe destacar la de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) que facilita el comercio de emisiones contaminantes, la transferencia de tecnologías sostenibles y la cuantificación de los sumideros de carbono. Estas medidas permitirán a los países desarrollados cumplir con los compromisos asumidos en diciembre de 1997 en la Cumbre de Kyoto. Al mismo tiempo, podrán descontarse emisiones y beneficiar a los países menos industrializados para impulsar un futuro más limpio.

Promesas incumplidas

Según los datos de un informe elaborado por la Agencia Europea del Medio Ambiente y presentado justo cuando se iniciaba la Cumbre de Milán, la Unión Europea no hace lo suficiente para cumplir con las expectativas surgidas de la Cumbre de Kyoto. Si la tendencia del incremento de emisiones continúa al ritmo actual, el Gobierno que más se alejará de los objetivos previstos en el Protocolo será el de Dinamarca, con una desviación negativa del 37,5 por ciento con respecto a las previsiones para este país. España destaca en segunda posición por la cola en lo que hace referencia a preservar el medio ambiente, con un 33,3 por ciento de desviación negativa. A continuación vienen Irlanda con un 26,8 por ciento, Austria con un 24 por ciento y Bélgica con un 23 por ciento aproximadamente. Los países más "ecológicos" son Suecia y Gran Bretaña, con menos emisiones de las previstas, seguidos de Alemania, Luxemburgo, Francia, Italia, Grecia, Países Bajos, Portugal y Finlandia, que van aumentando progresivamente los porcentajes negativos.

WWF/Adena afirma que, según los datos aportados por el sindicato Comisiones Obreras y por el Worldwatch Institute, el Gobierno español incumple ostensiblemente los acuerdos contemplados en el Protocolo de Kyoto. En el año 2002, España sobrepasaba las emisiones que se consideran mínimas en un 38 por ciento, cuando el límite establecido para la UE era de un 15 por ciento. Estos datos ponen a España contra las cuerdas de cara a 2005, cuando tenga que demostrar que se ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos pactados en la antigua capital del imperio japonés. También Greenpeace critica la postura del Gobierno español, argumentando que en 2004 no habrá dinero para ahorrar energía. Según la organización ecologista, la propuesta de que las tarifas eléctricas no contemplen ni un euro destinado a una gestión eficiente de la energía, mientras España emite cada vez más CO2, entra en contradicción con los compromisos adoptados en Kyoto y beneficia tan sólo a las grandes industrias del sector. No hay que olvidar que España es el país europeo, junto con Portugal, que más provecho podría sacar de una buena política de inversiones en energía solar, y es también el de la UE que más destaca en fabricación de módulos fotovoltaicos.

Por último, la revista SCIENCE ha publicado un informe de dos destacados especialistas norteamericanos que confirma que el planeta se enfrenta al más rápido proceso de cambio climático de los últimos 10.000 años. El actual ritmo de emisión de gases como el dióxido de carbono es la principal causa del deterioro medioambiental. Según Thomas Karl, del Centro Nacional para el Cambio Climático, y Kevin Trenberth, director del Centro Nacional para el Análisis del Clima, no existe ninguna duda sobre la influencia negativa de la actividad humana en el calentamiento progresivo del planeta. A la vista del preocupante aumento de catástrofes naturales y del número de muertes provocadas por la incorrecta utilización que de los recursos naturales hace el ser humano, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea van a tener que hacer un gran esfuerzo para llegar a la X Conferencia del Cambio Climático de Buenos Aires con propuestas creíbles.

¿Sólo los ciudadanos deben pagar la factura de Kyoto?
Jordi Mercader (forumlibertas.com)

El Gobierno español presenta un plan para reducir la emisión de gases del 40,43 al 38,8 por ciento (2007) y, en una segunda fase, al 24 por ciento (2012)

Las primeras medidas del Gobierno español para cumplir con los acuerdos de Kyoto son modestas. Se trata de pasar de una emisión de gases a la atmósfera del 40,43 por ciento, cifra de 2003, al 38,8 por ciento prevista para 2007. Para conseguirlo, las medidas se centrarán en la industria, y concretamente en las eléctricas, que son un componente muy importante de la emisión, aunque no el único.

Realmente España se ha distanciado mucho de su compromiso en Kyoto porque tenía situado el límite en el 15 por ciento, que era el correspondiente al año 1997. Desde entonces, entre 1998 y 2003, el crecimiento ha sido muy intenso, concretamente 21 puntos porcentuales, y la emisión se ha doblado. Ahora el Gobierno persigue acercase al objetivo del 15 por ciento en dos fases. La primera, ya mencionada, está en el 38,8 por ciento, y la segunda, que comprende el período 2008-2012, disminuiría hasta el 24 por ciento, un nivel todavía lejano de Kyoto pero que exige una enérgica disminución a corto plazo, más de 14 puntos porcentuales.

Para conseguir este objetivo, es del todo evidente que las medidas no pueden limitarse a la industria, sino que han de extenderse a los otros dos sectores generadores de CO2: la calefacción de los edificios y sobre todo los vehículos, ya que estos últimos son responsables principales.

En este ámbito concreto, que preocupa políticamente al ejecutivo español porque significa apretar las clavijas a millones de ciudadanos, existen soluciones en dos horizontes distintos. A largo plazo, una salida es sustituir el sistema de combustible-motorización por el uso de vehículos mixtos que combinan la electricidad (como el modelo Toyota Prius, que ya circula por nuestras calles) con una solución mucho mas completa y difícil del uso de hidrógeno mediante células de combustible. Pero obviamente esto no es viable en términos significativos antes del año 2012 y, por tanto, la única medida es reducir el consumo de gasolina. En este sentido, es interesante informar que el Instituto de Estudios Fiscales ha estudiado que el nivel disuasivo de aumento de impuestos en la gasolina sólo se producirá al alcanzar el nivel del 50 por ciento sobre la presión fiscal actual. Esto, de aplicarse, significaría un aumento considerable del precio para los usuarios de automóviles.

En definitiva, ajustarse a lo acordado en Kyoto significa, con el actual enfoque del Gobierno, que los ciudadanos, a través de los precios de la electricidad o de los de la gasolina, paguen el incremento de coste. En este sentido, y bajo este planteamiento, significa una pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos que será mucho más gravoso en aquellos que ya detentan ingresos bajos.

Es evidente que todas estas cuestiones deberían abrir un amplio debate en la sociedad y en los partidos políticos, empezando por una primera pregunta: ¿Deben ser todos los ciudadanos por igual los que paguen esta reducción? ¿O también el Estado tiene que ser capaz de apretarse el cinturón y, a través del ahorro de su gasto, pagar una parte de su factura?