El Derecho debe servir al hombre, no a la ideología

Sociedad - Laicismo-laicidad

«Ganar unas elecciones no da derecho a cambiar el código moral de una sociedad».
El catedrático de la Universidad Complutense y antiguo diputado don Andrés Ollero resumía así una de las principales preocupaciones de los juristas católicos reunidos, el pasado fin de semana, en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid. Políticos, magistrados, catedráticos o abogados expertos en las diversas ramas del Derecho coincidieron en advertir acerca de la peligrosa deriva impuesta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, empeñado en sustituir los fundamentos morales del Derecho por los postulados de la ideología de género. El antídoto -dice don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia- pasa por recuperar «una mirada cariñosa hacia la realidad» (hacia el niño, el enfermo, la naturaleza...), que nos permita redescubrir el sentido de la moral

La Asociación Católica de Propagandistas ha puesto en marcha los Congresos de Juristas Católicos, con vocación de permanencia. Su Presidente, don Alfredo Dagnino, explica que deben servir no sólo para promover la unidad de acción de estos profesionales, sino para que liderar en la sociedad un amplio movimiento de regeneración del Derecho. «Se necesitan hombres con valentía que se opongan a las innumerables violaciones de los derechos de las personas, también en nuestras modernas democracias», dijo. La potestad que quiere otorgar el Gobierno a la madre de terminar impunemente con la vida del hijo que lleva en su seno es uno de los ejemplos más dramáticos y visibles, además de una seria advertencia de que no es posible confiar hoy en que el sentido más elemental de la lógica inspire la acción del legislador: matar será un derecho.
Junto al Presidente de la ACdP, en la inauguración del Congreso, el director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española, don Silverio Nieto, aplaudía «esta iniciativa, especialmente oportuna», ante la urgencia que tiene hoy ante sí el jurista católico de «responder a la exigencia de reencontrar el fundamento auténtico del Derecho, sustrayéndolo a la arbitrariedad de un uso político». Para ello, debe «desempeñar el papel de conciencia crítica en la comunidad más amplia de juristas españoles», con razones y argumentos sólidos, frente a la tendencia actual de «confundir derechos auténticos con reivindicaciones subjetivas». La brújula es clara: «Para los juristas católicos, el Derecho no sólo es un sistema normativo para articular la convivencia o para garantizar la paz social, que también. Es, ante todo y primero, un instrumento para defender la dignidad de la persona, de cada persona».
La condición de católico no puede ser algo de lo que avergonzarse. La herencia cristiana, recordó el padre Nieto, propició «la evolución del Derecho hacia la protección de la dignidad de la persona y de los derechos del hombre». De hecho, si «se ha producido hoy una minusvaloración de la dignidad de la persona», esto se debe al «olvido de Dios».
Más alto aún apuntó el cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, él mismo reconocido jurista, durante la Eucaristía que celebró con los participantes en el Congreso, y en la que partió de una visión integradora de todas las dimensiones del ser humano: «Entre la santificación personal y la santificación de las realidades temporales hay una estrecha y decisiva vinculación». Si el apostolado del seglar en la vida pública es fundamental para que «el Evangelio fructifique», de particular relevancia resulta la misión del jurista católico, a quien concierne especialmente la pregunta sobre «la buena ordenación de las relaciones sociales y del Derecho conforme a las exigencias de la ley natural y de la Ley de Dios».

¿Ciudadanos de segunda?

Son palabras que seguramente suenen atrevidas a oídos de muchos españoles. Pero «lo peor es que los propios católicos van asumiendo» los postulados laicistas, subraya don Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En su conferencia, resaltó que «los católicos no podemos, ni por complejo ni por desidia, renunciar a nuestra carta de ciudadanía. Sería absurdo admitir que se tolere nuestro catolicismo, cuando la Constitución reconoce un derecho fundamental a exigir su respeto; incluida la cooperación de unos poderes públicos que han de educarse en el servicio a los ciudadanos, en vez de empeñarse en educarlos a su servicio».
Incluso muchos católicos han comprado el discurso que entiende que la fe debe relegarse a lo privado, mientras que hay una supuesta ética pública que rige en la sociedad. «Se nos impone la idea de que no podemos imponer nuestras ideas a los demás... Los demás, por lo visto, no tienen planteamientos morales», así que pueden imponernos libremente sus ideas, resume el profesor Ollero.
En realidad, éste es un debate superado en el plano teórico. Los principales exponentes del positivismo jurídico, tras las experiencias del nacionalsocialismo y del comunismo, admiten que la moral no puede ser ajena al Derecho; esto es, que cabe la pregunta acerca de si la norma legal es o no justa. La cuestión hoy, para ellos, es según qué moral. ¿Quedan excluidas las propuestas de los ciudadanos creyentes? El profesor Ollero cita al positivista John Rawls, que afirma que «no concibe a ningún ciudadano que no suscriba alguna doctrina comprehensiva, equiparando como tales las filosóficas, ideológicas o religiosas», y descarta que «un creyente deba dejar de actuar como tal para aportar su contribución a la delimitación de la razón pública». Lo mismo hace Habermas, para quien «el Estado liberal incurre en una contradicción» cuando exige que los creyentes traduzcan sus razones, de modo que resulten compartibles por los agnósticos, mientras que a las de éstos se les atribuye automáticamente una «precedencia institucional».
Pero ni siquiera este laicismo respetuoso de Habermas tiene, según Ollero, un recorrido demasiado largo. La ética discursiva del filósofo alemán rechaza que pueda partirse a priori de unas exigencias morales... Ahora bien: «Para alguien que entiende -prosigue el catedrático- que la vida humana debe ser respetada siempre, ¿qué sentido tiene entrar en un debate sobre cuándo se puede matar y de qué modo?» No debería caber esa neutralidad, porque, en las democracias modernas, «los derechos fundamentales están por encima de las mayorías parlamentarias coyunturales», y, por eso mismo, resulta absurdo que unas Cortes legalicen el aborto en según qué casos o planteen supuestos en los que resulta admisible o no la esclavitud.

Una revolución en marcha

La pretendida neutralidad moral del Derecho esconde el intento de instrumentalización de la ley al servicio de la ideología. Sobre ello habló el abogado del Estado don Jesús Trillo, que publicará pronto un libro sobre la ideología de género, un paraguas bajo el que se cobijan diversas corrientes surgidas en el mayo del 68, como el feminismo o el activismo gay. Ésta es la ideología que quiere imponer hoy en España el poder. Desde la Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de género, de 2004, a la reciente reforma del aborto, pasando por la nueva Ley Orgánica de Educación o la nueva definición del matrimonio, sin referencias al marido y a la mujer, el Gobierno promueve normas con «una concepción del mundo y de la vida social, que se va imponiendo de manera inadvertida y silenciosa en la forma de pensar de la mayoría de la gente», explica Trillo. Esto supone toda una revolución en el campo jurídico, con pretensión igualmente revolucionaria en la sociedad, que debe acomodarse a la nueva ideología. Pero a veces las cosas no cuadran, como cuando se llega al «absurdo de que un hombre sea madre, o una mujer sea padre».
El señor Trillo encuentra el sustento doctrinal a la acción del Gobierno español en intelectuales como Philip Pettit, del que Rodríguez Zapatero es reconocido discípulo. Para Pettit, la libertad consiste en la no dominación; esto es, en que nadie interfiera en las decisiones de otra persona... Salvo el Estado, que supuestamente «actúa en interés de todos, y debe liberar a las personas de viejas alienaciones, represiones». Léase de la Iglesia, de la familia, del matrimonio, de la procreación, de la tradición cultural... La debilidad de esta ideología, por mucha fuerza que parezca tener hoy, es su alejamiento de la realidad. Don Jesús Trillo es optimista, y cree que la colisión con el mundo real terminará por sepultar a estas doctrinas. Pero quizá haya algo que podamos hacer para acelerar el proceso...
Don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia, está convencido de la necesidad de un gran esfuerzo pedagógico. «La característica más singular de nuestra época es que hemos perdido la fe en la razón», dijo. «Estamos rodeados de gente que literalmente no piensa. Y no lo digo como una descalificación. Son personas convencidas de que no merece la pena pensar, porque así no nos aclararemos sobre las cosas verdaderamente importantes» (como la familia, la vida, qué es el ser humano...), porque no son dialogables, comunicables. «No es posible llegar a una conclusión común. Lo importante es lo que uno pueda sentir, y por eso acaban del mismo modo las conversaciones en el Parlamento, que en un bar de copas de jóvenes: Tú lo ves así; yo lo veo así. O lo que es lo mismo: Yo tengo la mayoría; tú estás en minoría».
Para influir «en una sociedad como la nuestra, debemos hacer planteamientos muy básicos», que puedan superar argumentos del tipo: Si tú no quieres abortar, no lo hagas, pero no impongas tus convicciones a los demás». Esta «abdicación total de la moral» sólo puede superarse proponiendo la verdad de las cosas. «Tenemos que hacer que la gente recree en su vida una mirada cariñosa hacia lo realmente existente», dice el señor Blanco. Aprendiendo a valorar lo que existe como bueno, podrá redescubrirse «el sentido moral», que es «el presupuesto fáctico de la posibilidad del sentido del Derecho».
Un ejemplo propone el Presidente del Foro: en el anteproyecto de ley del aborto, se habla de muchas cosas, pero no de lo principal, que es el niño no nacido, «una realidad ya existente». Pero «si lográsemos que los españoles mayoritariamente perdiesen unos minutos en mirar a ese niño, estaría ganado el debate. Porque nadie que mire al niño no nacido puede decir que no tiene valor su vida. Puede que alguien mate a uno de estos niños, pero eso es distinto de afirmar fríamente que es lícito matarlos».

El deber de la objeción de conciencia:

¿Qué dirá la Historia de nosotros?

España no es un caso único, pero sí paradigmático por la especial crudeza con la que aquí se produce, explica don Ignacio Sánchez Cámara, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Coruña: «Asistimos a un experimento legislativo que está intentando transformar la sociedad española. Por eso hoy se agudiza el conflicto entre ley moral y las leyes». Y no es ya sólo que se propongan leyes injustas. Desde la premisa de que el Parlamento es expresión de la mayoría, y «la voluntad de mayoría concuerda con la ley moral», el Gobierno ha entrado en un proceso de confrontación con buena parte de la sociedad, y en particular con los católicos, mientras amplios grupos sociales guardan silencio, como si nada de esto fuera con ellos.
Don Rafael Navarro-Valls, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Complutense de Madrid, explicó que «uno de los fenómenos más llamativos en el momento actual es el boom de la objeción de conciencia», antes minoritario. Los Gobiernos deberían preguntarse por los motivos que lo han originado, y en todo caso, se ven obligados a dar una respuesta inmediata al problema. Sintomático, dice el catedrático, es que Benedicto XVI, que encarna el poder espiritual, y el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, poder terrenal, dedicaran buena parte de su entrevista a hablar precisamente sobre este tema.
En España, sin embargo, parece que el camino emprendido es el contrario: la restricción de la objeción de conciencia, con epicentro en el Tribunal Supremo, «propiciada por jueces no de carrera, sino que han llegado a través del cuarto turno», y que han sido ponentes en las Sentencias sobre Educación para la ciudadanía y del juez que se negó a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero estas presiones no alivian la responsabilidad moral de los católicos, obligados a obedecer a Dios antes que a los hombres, añade el profesor Navarro Valls, «La Historia tendrá que explicar que, en este país», que tanto influye en la vasta región de Iberoamérica, «ante la grave erosión de la ecología familiar» mediante leyes como la del aborto, «hubo personas que plantearon su serena disconformidad... Lo terrible sería que la Historia dijera lo contrario».