Bioética y Ciencia

El aborto en el mundo: Relativismo e Incongruencia legislativa (Documento completo)

Escrito por Javier Echevarria Munguira. Publicado en Aborto y anticoncepción.

Un análisis de las legislaciones abortivas en el mundo permite conocer si éstas se ajustan realmente a criterios médicos y científicos objetivos y universales. El estudio se basa en tres aspectos concretos en los que podrían existir contradicciones entre las diferentes legislaciones: los plazos que las leyes establecen para poder practicar un aborto, los supuestos bajo los cuales puede llevarse a cabo la citada práctica, y los dictámenes o resoluciones médicas que se establecen como requisitos previos en los distintos países del globo.

(Comunicación presentada en el V Simposio de la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos “Actualidad farmaceútica y cuestiones bioéticas”)

 

 EL ABORTO EN EL MUNDO:

RELATIVISMO E

INCONGRUENCIA LEGISLATIVA

 

V SIMPOSIO DE LA A. E. F. C.

“ACTUALIDAD FARMACEÚTICA Y CUESTIONES BIOÉTICAS”

 

 

Javier Echevarria Munguira

Madrid 28 Abril 2007


1.- INTRODUCCIÓN

La Unión Soviética fue uno de los primeros países en legalizar el aborto en 1920, y reconoció el derecho de la mujer rusa para detener un embarazo no deseado en relación a problemas de salud y, también por otras razones. Los países escandinavos empezaron a liberalizar el derecho al aborto en el decenio de 1930. Islandia comenzó en 1935, seguida de Suecia en 1938. Dinamarca en 1939 y finalmente Finlandia y Noruega en 1950 y 1960. En 1968 se aprobó una legislación liberal del aborto en el Parlamento Británico. Esta tendencia ha continuado en todo el mundo a lo largo de los años; hasta el punto que en la actualidad cada país presenta una legislación en la materia, aunque todas ellas con características particulares y diferenciadoras.

El tratamiento legislativo que se le ha dado al aborto varía enormemente de un país a otro, observándose una tendencia hacia la adopción de leyes más liberales, aunque existen ejemplos de legislaciones que protegen el derecho a la vida como bien jurídico supremo, en países como El Salvador, Nicaragua o Polonia.

El punto de partida de las reivindicaciones a favor del aborto lo encontramos en multitud de proclamas y reivindicaciones de los lobbys pro-aborto existentes en el mundo. Suelen clamar “por el derecho a decidir de la mujer”, “por el respeto a la decisión de la mujer”, por el “nosotras parimos, nosotras decidimos”, y eslóganes similares, que abogan por la liberalización total y absoluta de las sanciones en materia abortiva. Resulta aterrador pensar que, en la misma línea, cualquier día podrían solicitar la despenalización de cualquier otra conducta contraria no sólo a la justicia si no también a la legislación (en relación a la vida propia o ajena, a la propiedad privada, a la seguridad, etc.).

Sin embargo, la inmensa mayoría de las legislaciones no reconocen ese “derecho a decidir” como absoluto, si no que introducen la figura del especialista médico, (que puede tener distintos cometidos en cada legislación), por lo que la “libertad de elección” solicitada parece que queda limitada al dictamen médico de un experto en la materia, que podrá determinar la procedencia o no de realizar el aborto. Ello se debe a que se introducen criterios científicos o pseudocientíficos para justificar las modificaciones legislativas en materia de aborto.

Como ejemplo de este supuesto tratamiento médico del aborto, analizamos la legislación en España en la materia, recogida en el artículo 417bis del Código Penal, que determina que:

No será punible el aborto practicado por un médico o médica bajo su dirección, en centros o establecimientos sanitarios público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada,” (por lo que el deseo de la mujer se configura como necesario pero en ningún caso suficiente para determinar la procedencia del aborto) “cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes:”

1.1. Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud o física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.

1.2. Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las 12 primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado.

1.3. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimientos sanitarios, públicos o privados, acreditados al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

En este precepto se comprueba cómo el legislador establece plazos en algunos casos, reconoce algunos supuestos en los que despenaliza el aborto (podrían ser más, o menos, o cualesquiera otros, pero son los citados), e introduce los criterios médicos como “disfraz” de una protección a la madre e incluso al inocente concebido. Esta esquizofrenia legislativa nos lleva a plantearnos si las leyes en materia abortiva se sustentan en cuestiones científicas o si realmente están basadas en postulados ideológicos, en intereses políticos o en razones monetarias y comerciales.

Para ello realizaremos un análisis de distintas legislaciones a nivel mundial en materia de aborto, centrándonos en los plazos que las leyes establecen para poder realizar un aborto, los supuestos bajo los cuales puede llevarse a cabo la citada práctica, y los requisitos, dictámenes o resoluciones médicas que se establecen en los distintos países del globo.

2.- ANÁLISIS JURÍDICO

2.1.- PLAZOS

La más llamativa de las divergencias entre las distintas legislaciones del mundo se encuentra en relación a los plazos en los que pueden practicarse los abortos en los distintos países. La realidad es diferente en cada Estado, en función de criterios de distinta índole, nunca suficientemente explicados, y en todo caso, difícilmente entendibles.

Comenzando por España, la legislación establece un plazo de 12 semanas de gestación para el caso de que el embarazo fuera consecuencia de una violación, y 22 semanas para el supuesto de presunción de nacimiento con taras físicas o psíquicas del feto.

En Turquía el aborto libre se permite durante las 10 primeras semanas de embarazo, en Islandia el plazo es de 12 semanas para todos los supuestos contemplados en la legislación, en Italia el límite entre supuestos se fija en 90 días, en Holanda el plazo más reducido se establece en las 13 semanas, mientras en Suecia el límite más restrictivo se encuentra en 18 semanas, y en Gran Bretaña en 24 semanas.

En Suiza la ley no fija un plazo para la mayoría de los supuestos, aunque los abortos suelen practicarse hasta las 12-14 semanas; sin embargo, la impunidad para abortos cometidos con posterioridad hace que se sucedan en distintos momentos del embarazo, en función de los deseos de las mujeres y la permisividad de las clínicas.

Sin embargo, los plazos en algunos lugares son ciertamente ajustados, como en Estonia, donde se permite el aborto a solicitud de la madre hasta 11 semanas y 6 días después de la concepción, lo que parece que trata de poner de manifiesto que la vida del nasciturus comienza a las 12 semanas de la concepción (ni un día más ni un día menos –es importante la precisión ya que de ello puede depender la vida del concebido-), al igual que en otros países donde el plazo es de 12 semanas, aunque si la vida comienza en la semana 12 y el aborto se produjera en esa semana, se asume la pérdida de la vida del concebido.

Tal y como vimos para el caso de España, los plazos varían no solamente entre diferentes estados, si no que, incluso en un mismo país, los plazos son distintos según el supuesto al que se acoja la mujer embarazada a la hora de llevar a cabo un aborto. Como ejemplos baste citar Armenia, que permite el aborto hasta las 12 semanas sin necesidad de justificar la decisión y hasta las 22 en caso de alegar alguno de los supuestos reconocidos en la ley; Uzbekistán, donde el plazo de 12 semanas se complementa con el de dos trimestres en función de los casos, o Austria, donde los plazos varían entre uno y dos trimestres en función de los supuestos esgrimidos.

En la misma línea encontramos las legislaciones de la República Checa, Dinamarca, etc., que establecen plazos más cortos para ciertos supuestos (preferentemente el de solicitud de la embarazada), y plazos más amplios para otros casos (malformaciones del fetos, violación, riesgo para la salud de la madre, etc.), que varían en función del país del que se trate.

Incluso en algunos países los plazos se incrementan: por ejemplo, en Bulgaria, donde los plazos establecidos son tres distintos: 12, 16 ó 20 semanas en función de si el aborto se realiza en base a una solicitud de la madre, en cuestiones sociales, o en factores médicos, respectivamente; así como en Finlandia o Grecia, donde los plazos se establecen, según el supuesto esgrimido, en 12, 20 ó 24 semanas, por lo que las discrepancias quedan claramente de manifiesto en el estudio comparativo. En este grupo de países que establecen un triple plazo se encuentra también Moldavia, que sin embargo establece los límites en 12, 25 y 28 semanas según el caso de que se trate.

Todo ello pone de manifiesto las divergencias entre los distintos sistemas legislativos, lo que nos lleva a plantearnos las verdaderas motivaciones de las diferentes normativas en el mundo, ya que, si la ciencia conduce a una sola verdad, parece incompatible con la existencia de legislaciones tan poco homogéneas en los países analizados.

Asimismo, nos obligaría a preguntarnos, según la recta conciencia y el más elemental concepto de la justicia, cual de todos los plazos enunciados es el auténtico, en que momento habría que poner el límite para la permisividad abortiva (si hubiera que ponerlo) -a lo que no parece que nos ayude el derecho comparado-, y, en definitiva, en que momento comienza la vida del concebido.

Parece que quizás la respuesta se encuentre en las legislaciones en las que no existen plazo alguno, que son coherentes con la defensa de la vida, y en las que en todo momento se reconoce el derecho del niño a nacer.

2.2.- SUPUESTOS

Las distintas legislaciones de los diferentes países establecen algunos supuestos que permiten en algunos de ellos la realización de abortos:

§         Peligro para la vida de la madre: en unos casos las legislaciones lo reconocen de manera expresa, mientras que en otras se obvia este motivo, lo cual se debe a que el legislador desea poner de manifiesto su defensa del concebido pero no nacido.

Sin embargo, es importante precisar que la existencia de estado de necesidad (posibilidad real de muerte para la madre en caso de continuar con un embarazo) se configura como la única causa de aborto en todas las legislaciones del mundo, incluidos aquellos países con legislaciones más protectoras del derecho a la vida del concebido, como Polonia, Chile o el estado de El Vaticano, lo que pone de manifiesto que expresiones del tipo “la Iglesia desea que mueran madre e hijo antes de realizar un aborto”, no son únicamente una malicia, sino también una falsedad y una imprecisión desde el punto jurídico.

Como ejemplo baste citar España, donde el artículo 20.5 del Código Penal reconoce el estado de necesidad como un caso de exención de responsabilidad criminal para aquel que, para evitar un mal propio o ajeno (la pérdida de la propia vida en el caso de la madre), lesione un bien jurídico de otra persona (la vida del feto) o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1.-    Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. (la vida del feto –mal causado- no es un bien jurídico con mayor importancia que la de la madre –mal que se desea evitar-, sino iguales.

2.-    Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. (la madre no puede ser la causante de la situación de peligro para su propia vida).

3.-    Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. (legalmente la madre no tiene obligación jurídica de sacrificarse por su hijo concebido).

Esta justificación de la posibilidad de realizar un aborto en la extrema circunstancia del estado de necesidad se reconoce de manera explícita en las legislaciones de países como Panamá, Paraguay y Venezuela.

§         Peligro para la salud física y/o psíquica de la madre: Este supuesto, en ocasiones, se asemeja al anterior, estableciéndose la misma protección para ambos casos, por lo que la existencia de peligro para la vida no sería determinante a la hora de poder realizar el aborto. En este grupo se incluye la legislación en España, en la que no existe plazo alguno para poder abortar, de tal modo que la madre podrá abortar impunemente en cualquier momento de su embarazo si el certificado médico se basa en el peligro para su vida o para su salud. Igualmente, en la legislación de Costa Rica se reconoce la posibilidad de abortar en caso de riesgo para la salud de la madre, así como en Francia, Islandia o en Grecia.

Por el contrario, hay países en los que, aunque se permita de manera explícita (o en virtud del estado de necesidad ya explicado) el aborto en casos de peligro para la vida de la madre, constituye delito la práctica en base a motivaciones de salud física o psíquica de la madre, como por ejemplo en Hungría, Panamá, Paraguay o Venezuela.

§         Violación: la violación, “u otros delitos sexuales”[1], son en multitud de legislaciones un motivo o supuesto para poder llevar a cabo un aborto, sin que suponga la comisión de delito alguno. Así es en países como España (siempre que la violación se haya denunciado con anterioridad), Islandia, México, o Bolivia, donde la Ley determina el requisito de que la violación, incesto o estupro causante del embarazo no sea seguido por matrimonio (lo cual hace que la vida del nasciturus dependa de una decisión tan ajena a él como la relación sentimental existente entre sus progenitores).

En España, por ejemplo, resulta llamativo el desprecio que hace el legislador de la vida del concebido (o incluso del supuesto “derecho de la madre a decidir”), hasta el punto de que se inventa un plazo de caducidad al citado derecho de la madre a decidir, para el caso de que hubiera existido violación, de 12 semanas. En este espacio de tiempo, la mujer (y siempre que hubiera denunciado la violación con anterioridad –sin necesidad de que finalmente hubiera condena-), es titular de ese “derecho a decidir”, que sin embargo, pierde la decimotercera semana de embarazo.

Por el contrario, hay otros muchos países en los que este supuesto no facilita la posibilidad de cometer un aborto impunemente, como en Malta, Austria o Bélgica, en los que la violación no es uno de los supuestos contemplados por las legislaciones.

Asimismo, en ninguno de los países citados, y en ningún otro país democrático del mundo, se permite a la mujer asesinar a su violador, aunque si le permite, tal y como se ha puesto de manifiesto, en algunas ocasiones, matar al feto que concibió con el citado violador.

§         Defectos del feto. Este supuesto reconoce la posibilidad de acabar con la vida del concebido en determinadas circunstancias, en base a la existencia de defectos o malformaciones en los niños aún no nacidos. Esto supone la clasificación de las personas en función de su valor o de su idoneidad, de tal manera, que se permite eliminar aquellas vidas que se consideran de menor valor o menos aptas. En España por ejemplo, para que el aborto por causa de mal-formaciones del feto (llamado también "aborto eugenésico" o "eugénico") no sea punible, han de cumplirse dos condiciones:

a) que existan dos certificados médicos, emitidos por especialistas diferentes del que eventualmente practique el aborto, en los que conste la presunción de graves taras del hijo;

b) que el aborto se realice en las primeras veintidós semanas de gestación, es decir, hasta los cinco meses y medio de vida del hijo en el vientre de su madre.

Este supuesto se reconoce en otros países, como Belice, Eslovaquia, Luxemburgo, Rumanía, Polonia, Turquía, et.c. Por el contrario, en prácticamente ninguna legislación[2], se permite el asesinato de un niño extrauterino, es decir, ya nacido, en virtud de una discapacidad o malformación, por lo que se configura como decisivo el momento de aparición de la malformación, al objeto de tener o no derecho a la vida. Ello supone que, si pudiera expresarse, ningún nasciturus querría que se le realizara una ecografía o prueba médica similar, ya que podrían incrementarse las posibilidades de ser asesinado.

§         Factores socioeconómicos: en algunas legislaciones se establece la posibilidad de abortar de manera impune por motivos socioecnómicos, entre los que podrían incluirse la simple vergüenza social, el miedo a las reacciones familiares, la imposibilidad de mantener al hijo (suele ser la más habitual), encontrarse abandonada de la pareja, etc., como ocurre en Italia, Islandia, Moldavia, Letonia, por citar sólo algunos ejemplos.

Ello presenta varios problemas: por un lado, se castiga al bebé con una muerte prematura en virtud de las condiciones económicas de la familia –como si fuera mejor “no ser” que “ser pobre”- (supuesto que no se reconoce para matar a un hijo en caso de bancarrota familiar, haber sufrido un robo o ingresar en las listas del paro), y por otra parte, no se establecen instrumentos de ayuda a la mujer, o se arbitran mecanismos de adopción o similares, que pudieran hacer desaparecer las dificultades económicas.

A todo ello hay que sumar la imprecisión jurídica del concepto de “dificultad económica” o similar, que no es sin duda universal, ya que lo que en unos países constituye una dificultad (y por lo tanto la muerte del concebido), en otros puede ser una situación realmente privilegiada, o al menos desahogada. Un caso extremo lo encontramos en Hungría, donde se permite el aborto en “situación de grave crisis”, que es definida como tal por la mujer embarazada, y durante su aplicación no se discute, ya que se considera una cuestión que afecta a la vida privada de la mujer.

§         Existencia de solicitud por parte de la madre: Este supuesto conlleva la introducción de la libertad de elección absoluta para la madre, lo que realmente se da en algunas legislaciones, en las que se parte de la base de que el hijo concebido y no nacido no merece ninguna protección legal, o al menos no lo merece más que a partir de determinado tiempo de vida intrauterino, que es cuando se le empieza a considerar merecedor de protección. Según este criterio, el aborto es legal en determinado plazo del embarazo, según el único deseo de su madre, a la que se le otorga un “derecho absoluto” sobre la vida del hijo, por lo que de ella depende en exclusiva la vida del nasciturus.

A pesar del reconocimiento de este “derecho absoluto” en algunas jurisdicciones, el legislador introduce la obligación de asesorar a la madre sobre la existencia de otras posibilidades distintas del aborto, con lo que teóricamente se reduciría el número de abortos (como si una muerte se compensara con una vida), y en todo caso, trata de poner de manifiesto que la madre decidió abortar de manera reflexiva y sosegada (cuando es evidente que en dicha situación la libertad está enormemente limitada, debido a cuestiones sociales o culturales). Ello se produce en países como Holanda, aunque lo analizaremos con posterioridad en mayor profundidad.

§         En ocasiones, también se encuentran otros supuestos poco habituales pero ciertamente originales, que ponen de manifiesto la enorme arbitrariedad política o jurídica que lleva aparejada la legislación abortiva en todo el mundo: por ejemplo, una Orden del Ministerio de la Salud de Albania a finales de los años 80 del siglo XX permitía el aborto en niñas de hasta 16 años, sin necesidad de ningún otro requisito, o la actual legislación de Austria, donde se amplía el plazo hasta los dos trimestres de embarazo para menores de 14 años, por lo que se reduce el derecho a la vida de los hijos de madres jóvenes.

En Georgia, por su parte, se permite el aborto para casos de mujeres a las que se les hubiera diagnosticado el SIDA. En Chipre la legislación establece la posibilidad de abortar en el caso de que el embarazo sea consecuencia de violación u otros delitos sexuales que puedan “afectar al status social o familiar” de la embarazada. En Holanda, la legislación es muy vaga, al permitir abortos en "caso de necesidad" o "situación de emergencia", que son conceptos jurídicos claramente indeterminados, y que, en ningún caso son criterios médicos o científicos.

Otro caso se recoge en las leyes de la República Checa, en las que se reconoce el “derecho al aborto” en todos los supuestos recogidos únicamente para mujeres con la ciudadanía checa, mientras que las extranjeras sólo tienen ese “derecho al aborto” en caso de que su vida estuviera en peligro.

2.3.- REQUISITOS MÉDICOS

Tal y como hemos citado al comienzo de este estudio, muchas de las legislaciones en materia de aborto introducen la figura del especialista médico, con el fin de certificar diversos requisitos o condiciones con anterioridad a la práctica del aborto. Éste configura otro de los ámbitos en los que se ponen de manifiesto los distintos criterios existentes en diferentes legislaciones en la regulación del aborto.

En España, en el caso de que el aborto se produzca en base al primero de los supuestos considerados (que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud o física o psíquica de la embarazada), la Ley exige “un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto”. Asimismo, permite que “en caso de urgencia por riesgo vital para la gestante”, pueda “prescindirse del dictamen”. Sin embargo, para el tercer supuesto (que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas), “el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto”, deberá ser “emitido por dos especialistas”, que deberán ser “distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto”. En definitiva, uno, cero, o dos expertos según el caso. En la misma línea, la legislación en Bélgica establece la necesidad de uno o dos dictámenes médicos en función de los supuestos de los que se trate.

En Francia se exige el dictamen de dos doctores, y de un psicólogo o trabajador social para los abortos a realizar hasta el segundo trimestre de embarazo, que son los basados en riesgo para la vida o la salud psíquica de la madre, o malformaciones del feto.

Por su parte, en Dinamarca, donde se permite el aborto hasta el segundo trimestre de embarazo en los supuestos de riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la madre, o de malformación del feto, se exige un dictamen emitido por un comité de cuatro personas para estos casos.

Otro de los aspectos que aparecen en algunas legislaciones para la defensa de los derechos de los concebidos es la necesidad que reconoce la legislación en Holanda de que existan cinco días de reflexión desde que se comunica la intención de abortar hasta que finalmente se lleva a cabo el aborto. En la misma línea, se exige que la mujer embarazada considere otras alternativas al aborto, con la finalidad de reducir las altas cifras existentes en el país. Sin embargo, como pone de manifiesto la Secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad, el 39% de las mujeres que abortan lo hacen antes de los cinco días que la ley exige, y el 57% no considera otras alternativas al aborto, tal y como está previsto en la ley.

Ello pone de manifiesto que el gran problema no está en las legislaciones mundiales en relación a los requisitos médicos que han de cumplirse, si no en el efectivo cumplimiento del tenor de las leyes. Sin duda alguna, un medio muy eficaz para la reducción del número de abortos sería que los médicos realizasen seriamente la tarea de comprobar el riesgo para la vida, verificasen con certeza las malformaciones graves del feto, las señales de violencia sexual, etc., es decir, que se cumpliera la ley, y, en su defecto, que intervinieran los Tribunales de Justicia, que condenaran a los médicos responsables, cerraran clínicas o cualquier otra sanción contemplada en la legislación.

3.- CONCLUSIÓN

Después del análisis realizado, parece claro que las diferencias legislativas en materia de aborto en el mundo son innumerables, lo que pone de manifiesto que no pueden basarse en criterios científicos objetivos, ya que en ese caso debería existir una sola legislación en todos los países: si la objetividad es una, las legislaciones deberían ser una, no pudiendo ser varias, ya que este caso, se introducen criterios de oportunidad u otros, absolutamente incompatibles con un profundo, sincero y minucioso análisis de la realidad.

La auténtica realidad, por el contrario, es radicalmente distinta, ya que demuestra que la legislación que reconoce, ampara o protege el aborto está basada en cuestiones de índole social, político o ideológico, sustentada en falsos criterios médicos o científicos, y apoyada generalmente en importantes grupos empresariales que obtienen grandes negocios a costa de la muerte de millones de personas en el mundo.

Una de las pruebas más claras de la no utilización de criterios científicos en la regulación jurídica del aborto se encuentra en la legislación existente en Alemania, que fue modificada en el año 1995. Con el fin de reconciliar las leyes sobre aborto de las antiguas repúblicas de Alemania del Este y del Oeste, Alemania adoptó una ley que ampliaba las circunstancias bajo las cuales el aborto estaba permitido en lo que era Alemania Occidental, mientras que incrementaba las restricciones sobre esta materia en la antigua Alemania Oriental, lo que pone de manifiesto que los criterios políticos o sociales priman sobre cualquier otro.

Por su parte, en la misma línea, en la República Popular de China se aprobó una ley del aborto en 1975 inspirada en la insistencia del Gobierno chino en el control de la natalidad (una única hija por familia), que establecen sanciones económicas y sociales para las familias que incumplan los preceptos estatales, de tal manera que, en este caso, la planificación familiar constituye la motivación de la legislación abortiva, no siendo ya un asunto personal, matrimonial o familiar, sino determinado por el Estado.

Por contra, las únicas legislaciones homogéneas en el mundo son las que parten del derecho a la vida del no nacido, que no reconocen ese inventado “derecho a decidir” de la mujer, y que fomentan el nacimiento de todos los seres humanos concebidos.

Los legisladores de estos países que defienden la vida del nasciturus, tal y como marca la Justicia, se inclinan siempre por proteger la vida del concebido, que es un bien jurídico de valor superior a otros, tales como el bienestar social, las razones socioeconómicas, las secuelas psicológicas de la madre, o la existencia de malformaciones para el propio nasciturus. El único supuesto contemplado en estos países (de manera implícita o explícita) es el del peligro real e inminente para la vida de la madre, ya que en este caso, estarían en juego dos bienes jurídicos del mismo valor (la vida de la madre y la vida del hijo).

Por todo ello, lo verdaderamente relevante es poner de manifiesto todas las contradicciones planteadas en este estudio, no para reafirmarse en las opiniones en favor de la vida (aunque también era éste uno de los objetivos), si no, principalmente, para hacer pensar a los partidarios de la lacra del aborto, de las contradicciones desde el punto de vista de la Justicia, del sentido común y de la coherencia, de una opción absolutamente relativista, y que, como ponen de manifiesto las incongruencias legislativas, no se sustentan en ningún criterio científico objetivo o universal.



[1] Se incluye entrecomillado porque así aparece en algunas legislaciones, pero realmente no conocemos ningún otro delito de índole sexual de que una mujer se quede embarazada, más allá de la citada violación.

[2] Habría que exceptuar, por ejemplo, el caso de Holanda, donde, en virtud del Protocolo de Groningen, se permite el asesinato de bebés en los casos en los que el recién nacido con una enfermedad grave experimenta un sufrimiento insoportable que no puede aliviarse con los cuidados médicos. Sin embargo, ello se permite al introducir un criterio tan discutible como el del “dolor del niño”, con los agravantes de que el sufrimiento es un sentimiento subjetivo que no puede ser medido objetivamente, ni en los adultos ni en los niños, y de que  no es nada sencillo hacer un pronóstico sobre la calidad de vida que podrá tener un recién nacido con una enfermedad congénita.