Bioética y Ciencia

La ley de plazos del aborto es contraria a la doctrina del TC

Escrito por Rafael Cobo - publicado en LA GACETA. Publicado en Aborto y anticoncepción.

“Una de las causas que mueven al Gobierno para esta ley es la investigación que se ha realizado en meses pasados sobre clínicas abortistas, de manera que el Gobierno atiende a la industria abortista en España; no tiene cuenta la vida del nasciturus, sólo proteger el negocio abortista con garantía.”

 

 

El Gobierno ha arrancado el curso con el propósito firme de modificar la legislación española sobre el aborto. Ahora es un delito, despenalizado en tres supuestos (Real Decreto 2409/1986 ): violación, graves defectos físicos del feto y  peligro grave para salud física y psíquica de la madre. Los dos primeros se pueden alegar dentro de las 12 y 22 primeras semanas, respectivamente, mientras que el último no tiene límite. De ahí que este tercer supuesto se haya convertido en el coladero al que se han agarrado numerosas clínicas privadas, como las del doctor Morín, donde se realizaban abortos sin ni siquiera examinar a las embarazadas.

 

Frente a los que exigen al Gobierno que haga cumplir la ley, el Grupo Parlamentario Socialista por un lado, y el propio Ministerio de Igualdad, ven una solución en el aborto libre y  han iniciado los trabajos de reflexión y debate para llevar al Parlamento una “ley de plazos”. En varios países europeos se establece la semana doce para acabar con el feto sin dar explicaciones a nadie. Pero José Luis Requero, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), expresa su convencimiento de que una “ley de plazos” chocaría con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia.

 

¿Por qué tiene difícil encaje en la Constitución esta pretendida Ley de Plazos?

Una primera aproximación de la doctrina del Tribunal Constitucional admitió la ley vigente sobre la base de que era posible el sacrificio por el conflicto de intereses entre la madre y el nasciturus, por tanto aunque no lo considera persona, sí lo considera un bien jurídico a proteger, por ello el sacrificio era asumible por el choque de intereses, por el bien superior que se protegía, discutible o no. Con la “ley de plazos” se deja de preguntar, no se puede ponderar ningún interés, durante esos plazos sería libre abortar, de manera que sería contrario a la doctrina del TC.


Eso partiendo de una situación en la que ya es prácticamente libre.


Efectivamente, pero caben dos escenarios; habrá que esperar a ver si se va al aborto libre hasta determinadas semanas, o si a partir de ese plazo se establecen otros supuestos —como los que hay ahora— en los que también se permite, de manera que, si en la actualidad ya es libre, entonces el aborto quedaría liberalizado al 100% en España.


¿Y la causa de este movimiento del Gobierno?


La causa es la investigación que se ha realizado en meses pasados sobre clínicas abortistas, de manera que el Gobierno atiende a la industria abortista en España; no tiene cuenta la vida del nasciturus, sólo proteger el negocio abortista con garantía.

Pero afirma que, en todo caso, la ley chocaría  contra el TC.


Bueno, aunque de manera clara se produciría un choque contra la doctrina del TC, la fe que tengo en el Constitucional es bastante limitada, que diría, conociéndolo, que la sociedad ha cambiado, que está justificada una convergencia con otros países europeos, que la sociedad del año 2008 no es la de hace 22 años...


De manera que la Constitución es lo que menos pinta en el debate.

 

Se va a reformar para amparar a las clínicas abortistas. Cuando el Gobierno les fue a visitar, lo que le pedían era seguridad contra los jueces, que admitían demasiadas querellas contra abortos realizados fuera de los supuestos legales.

 

 

Entrevista con José Luis Requero, Vicepresidente de Ageanet, magistrado, realizada por Rafael Cobo y publicada en LA GACETA.

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