Bioética y Ciencia

Quién es quién en la industria del aborto en España

Publicado en Aborto y anticoncepción.

Las clínicas abortistas canalizan sus ingresos creando otras empresas de todo tipo, principalmente de servicios médicos e inmobiliarias. La nueva ley no controlará a las clínicas (sería la autentica y necesaria novedad), sino que las protegerá frente a sus clientas, que no podrán acceder a su propia historia clínica, ni reclamarles por complicaciones posteriores. La sobreprotección con que la nueva ley bendecirá a las clínicas de abortos permitiría prolongar el limbo fiscal en el que viven.

Cada año menos abortos en la sanidad pública, en porcentaje y en números absolutos, y más en la privada
 

Zapatero miente cuando dice que quiere hacer del aborto un asunto público. Al menos los datos lo desmienten, año tras año. Desde su llegada al poder en 2004 (y hasta 2007, último año con datos), las clínicas privadas han pasado de ejecutar el 96% a casi el 98% de los abortos, invirtiendo la tendencia de los años anteriores. En los últimos años de Aznar los abortos en la sanidad pública fueron aumentando (1.698 en 2001, 2.282 en 2003). Desde el máximo de 3.034 registrado en 2004, han vuelto a descender año tras año (2.344 en 2007).Zapatero dijo en el programa Tengo una pregunta para usted que el dilema está entre dar a la mujer un derecho a abortar sin más límite que un plazo, o bien “llevar a la cárcel a mujeres”. El Gobierno dice que, para evitar lo segundo, la nueva ley de plazos impondrá mayor secreto en las historias clínicas de abortos, sustituyendo los nombres por números consecutivos. La realidad es que, en el proceso contra Carlos Morín en Barcelona por abortos ilegales fueron interrogadas 158 mujeres, sin que se desvelara el nombre de ninguna, que sólo conoce la jueza, y sin que ninguna fuera acusada. Si no es frente a la Justicia, ¿frente a quién hay que proteger los datos? El único caso de filtración reciente, fue una clínica de abortos (Lasaitasuna, Bilbao), multada en abril pasado por colgar en la Red historias clínicas de 4.000 mujeres que abortaron. Si se quiere recurrir a la historia, puede recordarse que, para defenderse cuando hacía abortos ilegales, el hoy presidente de la clínica Acuario, Pedro Enguix, publicó en 1983 una lista con nombres, direcciones y DNI de 2.779 mujeres que habían abortado con él. No le pasó nada.

 

Proteger a las clínicas frente a las clientas

 La nueva ley no controlará a las clínicas (sería la autentica y necesaria novedad), sino que las protegerá frente a sus clientas, que no podrán acceder a su propia historia clínica. El ya escaso control público que suponían los tres supuestos (peligro para la salud, violación o malformaciones), a uno de los cuales había que acogerse, sólo se mantendrá para abortos tardíos. Más negocio con menos control, por tanto. Pero, a pesar del indudable atractivo económico, estos centros tienen dificultades para conseguir personal competente. Así lo reconocía en diciembre de 2007 el responsable de la Clínica El Bosque a un médico infiltrado que presentó su currículo, fue inmediatamente fichado, y publicó la grabación de la entrevista en Intereconomía. El Bosque está especializada en abortos con solución por salinos, y para ejecutarlos tiene convenios por ejemplo con Asturias, región de procedencia de una mujer de 30 años que falleció el pasado día 13 después de sufrir en El Bosque un paro cardíaco. El único caso de filtración reciente de los nombres de mujeres que abortaron fue el de la clínica vasca Lasaitasuna  Quien impulsa el crecimiento del aborto al ritmo de la economía china en sus mejores años (32% de 2004 a 2007) es, por tanto, exclusivamente la industria privada. Los ingresos anuales, que superan los 50 millones de euros, se reparten sin competencia. Las empresas congregadas en la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción (del embarazo, palabra que se cae de las siglas de Acai), se reúnen cada año una o dos veces en un congreso para delimitar sus áreas de negocio.La sobreprotección con que la nueva ley bendecirá a las clínicas de abortos permitiría prolongar el limbo fiscal en el que viven, ya que no declararían ni la mitad de sus ingresos. Muchas no extienden factura a las clientas que no vienen acreditadas por la sanidad pública. La cantidad de dinero sin justificar permitiría a sus dueños presentar balances relativamente  modestos e invertir en otras empresas. Su margen imaginativo es reducido y suelen dedicarse a otras especialidades médicas o al antes boyante negocio inmobiliario. Además de los 50 hospitales públicos que se reparten el 2% de abortos que no hacen las clínicas privadas, hay dos grandes empresas sanitarias que los hicieron en 2007: el Centro Médico Teknon (747 empleados, 68 millones de euros de ingresos en 2007) y el Instituto Dexeus, también de Barcelona (327 empleados, 28 millones de ingresos en 2006). Dentro de las clínicas específicas de abortos, el grupo más fuerte es el de Dator (Partner Line SA). Guillermo Sánchez preside o es consejero de cuatro clínicas de abortos y a través de sus empresas controla otras tres directamente y cuatro indirectamente. Dos clínicas (Dator y Gara: en ésta dejó de ser consejero delegado en 2005) y seis empresas suyas están en el top-19 de las vinculadas al aborto con ingresos superiores al millón de euros. 

 

El ‘grupo’ Dator

 El presidente de Dator fue accionista de la farmacéutica Bial (disuelta y refundada por sus propietarios portugueses), según el Registro Mercantil, en el que Sánchez aparece como accionista o administrador de 26 empresas. Las del ramo sanitario comparten sede con Dator, pero las hay de sectores tan variados como la enseñanza (Escuela de Negocios SA, Centro Español de Educación a Distancia-CEDED), la promoción inmobiliaria (Tensa Inmuebles, Construcciones Autoportantes, Grucopa, Guiraser Service), el transporte marítimo (Easyflet), las telecomunicaciones (Cablecan), los laboratorios farmacéuticos (Diater), los servicios recreativos (Guest Card), la producción de energía (Hidroeléctrica de Boñar), la hostelería (Model Hotels) o la informática (Roadnet). Adivinen dónde va el dinero del aborto.
 
Guillermo Sánchez, presidente de Dator, es accionista o administrador de 26 empresas
Además de ser el empresario con más clínicas de aborto y con más empresas de otros tipos, Guillermo Sánchez es el que más ayudantes tiene. Con su hermano Saturnino ha coincidido en una decena de empresas, en otras tantas con Pablo Cubero y con Ramón Hernández Lorenzo en el doble. La presencia de personas de confianza de Guillermo Sánchez en consejos de administración de otras empresas en las que él no está presente, permiten deducir su papel decisivo en el negocio del aborto en Madrid (con la excepción de Callao, clínica vinculada a un grupo andaluz), Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias. Con las dos clínicas de Sergio Muñoz (El Bosque y Los Arcos) conecta al sentarse, él y sus dos colaboradores más directos, junto con Muñoz, en el consejo de administración de la clínica de abortos de Zaragoza (Actur). En Madrid, la clínica Isadora no pertenece a Sánchez, pero uno de sus administradores, Javier Hidalgo, es junto con Muñoz administrador de otra sociedad médica (SJS). Hidalgo, a su vez, fue administrador de una empresa extinta, Clilab, en cuyo consejo coincidió con el jefe de la clínica barcelonesa D’Ara, Santiago Barambio, que también es presidente de la asociación Acai. También fue consejera de Clilab la portavoz y ex presidenta de Isadora, Marisa Castro, que en sus tiempos de diputada por Izquierda Unida, en marzo de 2003, espetó al Gobierno de Aznar un grito de “¡Asesinos!” que hubo de ser suprimido del Diario de Sesiones. Castro, que ya en 1986 era relaciones públicas de Dator y presidía la Asociación de Planificación Familiar de Madrid, defendió también la eutanasia en el Parlamento. Antes, entre 1991 y 1999, fue concejala de IU en el Ayuntamiento de Madrid.De las buenas relaciones entre Isadora y la Comunidad de Madrid da fe que Antonio Becerra, coordinador de la “unidad de trastornos de identidad” en la sanidad madrileña, aprendiera las técnicas de cambio de sexo durante sus años como endocrino en esta clínica. 

 

La voz del hombre invisible en las Cortes

 Guillermo Alfonso Sánchez Andrés lidera la industria del aborto en España, pero es un hombre invisible. Su decisión de manejar los hilos desde la oscuridad es respetada incluso por nuestros legisladores, que le convocaron en el Congreso para recibir su consejo sobre la nueva ley del aborto aceptando que entrara y que saliera sin que nadie pudiera captar su imagen.Por medio de Sergio Muñoz, Sánchez accede al grupo El Bosque e, indirectamente, a Isadora y D’Ara  En su intervención ante la subcomisión de Igualdad el 18 de noviembre, despreció el estrés postraumático que sufren muchas mujeres (síndrome post aborto) y afirmó: “Para la mayor parte de las mujeres que ha tenido un aborto, el procedimiento significó una experiencia de maduración, una forma eficaz de hacerle frente a una situación de crisis personal. De hecho, la respuesta emocional más notoria de la mayoría de las mujeres, y nuestra experiencia también es así en los seguimientos que se hacen en los centros de planning, en el primer trimestre de embarazo es la sensación de alivio”. Como ideal político, se refirió a que “ya en Cataluña, en 1936, se promulgó la Ley Eugenésica del Aborto, de Federica Montseny, reconociendo el derecho de la mujer a decidir”. 

Santiago Barambio, la cara visible de Acai

 El presidente de la asociación de clínicas abortistas Acai es Santiago Barambio, que tiene una clínica en Barcelona (D’Ara, antes Tutor Médica), además de una empresa de servicios (Magda Factoría) y una residencia (Centre d’Atenció Residencial Especialitzada, comparte sede con la anterior y se creó en 2003, cuando Barambio dejó de presidir Residencias Aidar). Mientras que el presidente de Dator, a cubierto de posibles reacciones, se permite cargar su discurso negando el síndrome post aborto, o haciendo demagogia política (invocando a la ideóloga anarquista Federica Montseny, 1904-1994), Barambio es menos imaginativo, y cuando se inició la investigación en las clínicas de Morín a finales de 2007, desveló el orden de prioridades que había de tener la nueva ley del aborto: “En 22 años de trabajo no había pasado nada, ahora con esta situación nos hemos dado cuenta de que la ley vigente de aborto en España presenta debilidades y no propone medidas que protejan a profesionales y mujeres” (11 de marzo de 2008). El PSOE había ganado las elecciones dos días antes y el profesional al que se refiere es Morín, que operaba sin advertir a sus clientas de que tenía el sida. Desde el punto de vista científico, Barambio no discrepa de Sánchez, y así en un encuentro digital en El País el 11 de enero de 2008, al preguntarle un lector en qué se basaba “para no considerar que se mata a un niño” en el aborto, contestaba: “Cuando nazca y sobreviva 24 horas será un niño. Otra cosa es que haya vida, también están vivos los espermatozoides y no son un niño aunque sean necesarios para que llegue a existir un niño”. 

Barcelona es el centro comercial e ideológico del negocio abortista

 Desde Cataluña, las clínicas extienden sus redes a Baleares, Valencia y Murcia.En el centro de España el aborto es un negocio concentrado y oculto. En levante, en cambio, se presume de hacerlo a cielo abierto y se combina con otras actividades sanitarias. La conexión entre la Generalitat catalana, que paga los abortos a través de la fundación Salut i Familia, y las clínicas de abortos es muy fuerte, y sólo las denuncias de la prensa inglesa (2004) y la televisión danesa (2006) forzaron a hacer caso de las decenas, si no cientos, de denuncias por aborto ilegal contra las clínicas de Carlos Morín. De su arresto, el 26 de noviembre de 2007, tuvo que encargarse la Guardia Civil, y no los Mossos d’Esquadra. Baleares, Murcia y Cataluña son, después de Madrid, las únicas comunidades con tasas de aborto superiores al 1,4% de mujeres fértiles cada año. En Barcelona se encuentran los dos únicos grandes hospitales privados (Dexeus y Teknon) que hacen abortos.

 

‘Grupo’ Morín-Bricio

 Tras su detención, se produjo una ruptura, real o ficticia, entre Morín y su socia, Remedios González Bricio, quien solicitó una junta extraordinaria de Ginemedex en la que se explicara por qué no había presentado cuentas desde 2004 y “la relación” de la clínica con la empresa Global Kooning. Son los propios abortistas, por tanto, más que la autoridad financiera que debería controlar sus cuentas, quienes desvelan parte de su trama comercial.Carlos Morín y Remedios González Bricio han compartido la gestión de cuatro clínicas de abortos Morín participa, o ha participado al alimón con Bricio, en la administración de cuatro clínicas de abortos, y tiene otras tres empresas: las inmobiliarias Global Kooning Business y Villacarlota, y una de intermediación comercial, Holinver SA. Por su parte, González Bricio administra tres clínicas de abortos con sedes en Barcelona y Alicante (aunque ésta, Instituto Ginecológico Murcia, los practica fuera de su sede comercial) y ha sido administradora en las dos de Morín cerradas por la Guardia Civil (Ginemedex y TCB). Tiene sólo otra empresa activa, Barinvest SL (extraño nombre para ser del ramo textil), en la que Morín es administrador y Holinver SA accionista.Hace un año que Bricio dejó de ser administradora única de la empresa Planificación Familiar Murcia SL, administrada hasta 2002 por Francisco Javier Iniesta Ribelles (empresario de la construcción, no confundir con el dirigente murciano del PP, que se apellida  Alcázar de segundo). Actualmente la gobierna Vicente Sanchis González, apoderado de una de las clínicas de Bricio (EMECE). Éste comparte la administración de la cooperativa Bricio y Asociados con Alberto Isabel Vilar, gestor de la clínica alicantina Ginetec. Isabel administra la inmobiliaria Halesa, y es apoderado de otra, Inversiones Cutty, administrada por Sanchis. Éste también gestiona la inmobiliaria Victorvi, que hasta 2003 administró Remedios González Bricio, con lo que el círculo se cierra. 

 

‘Grupo’ Acuario

 En Alicante tiene su sede el grupo Acuario, que combina sus clínicas de abortos con actividades médicas de tipo eugenésico (partos naturales) e inmobiliarias. Además de dos clínicas abortistas, Pedro Enguix Randis administra la empresa educativa Baladre Alternatives, otra de instalaciones deportivas (Baladre Consulting) y dos clínicas más (Moraira e Instituto de Reproducción de la Marina Alta). Su socio Egbert Landa Henk tiene seis empresas inmobiliarias, de seguros, residencias o consultoras. Enrique Lebrero Martínez preside la clínica de abortos de Alicante. 

 

Carbonell, Enguix, Lebrero y Barambio, las cabezas pensantes de la eugenesia

Josep Lluis Carbonell Esteve es propietario de las clínicas de abortos Mediterránea Médica (Valencia, Castellón, Alicante), de dos empresas farmacéuticas (Safedifarm y Pharmamis) y de la de investigación Asensial.  Su grupo incluye otras dos clínicas de abortos, Iris (Albacete) y Aragón (Valencia), cuyo administrador único, Salvador Aragón, conecta con Carbonell por medio del administrador de Mediterránea Médica, Vicente Felip, que hasta 1995 lo fue de Iris.Carbonell proclama su ilegalidad al decir que trabaja “desde 1981 especialmente en Interrupción Voluntaria de Embarazo, habiendo realizado hasta la fecha más de 50.000”. En 2008, la Fundación Española de Contracepción (FEC) le entregó el primer Premio Nacional de Anticoncepción. Poco antes estuvo en Valencia en el barco abortista de Women on Waves, con el que ya fue en 2006 a Malta. Ha realizado experimentos de un fármaco abortivo en Cuba con 6.000 mujeres.En Valencia, Enguix y Lebrero, difunden la filosofía eugenista del “nacer sin violencia”. Lebrero opina que para dar a luz una mujer debe tener 30 años y ser licenciada.La opinión de Enguix y Lebrero sobre los que no siguen sus pautas se plasmó en un artículo en El País en 1991: “El Tercer Mundo, con su alta tasa de fecundidad, tiene una bomba entre las manos. Una bomba que necesita para su supervivencia. Y la utiliza como arma defensiva, para subsistir, para que no decaiga su economía de la nada, de la miseria. Pero se les va de las manos y comienza a ser un arma ofensiva, migratoria, asfixiante para Occidente. El Tercer Mundo se desparrama, y evitarlo es inútil. Y aunque no sea responsable de ello, es un gran peligro ecológico”.  

Al menos 11 clínicas abortistas de la lista del ministerio no son empresas

 En el norte de España, el abortismo no sólo se disimula, sino que se esconde.  A diferencia de Madrid, donde un solo grupo (Dator) acapara el negocio del aborto, y de Levante, donde los abortistas se mueven ideológicamente a sus anchas, en el norte de España no hay fuertes grupos abortistas y bastantes clínicas simplemente no existen como empresas. Fuera de estas grandes áreas, existen dos grupos abortistas relevantes en Andalucía y otro en Murcia. En Andalucía existen dos grupos de clínicas abortistas centradas en Málaga, y en Murcia está el 'grupo' Valero  Entre las clínicas que el Ministerio de Sanidad cita en la lista de las que hicieron abortos en 2007, al menos 11 no son empresas. Faos, en La Coruña, es un teléfono que no responde. En Pontevedra no existe ninguna Clínica Climent, sino un doctor Antonio Climent Arigo, que trabaja a tiempo completo en el Hospital Povisa de Vigo, donde aseguran que no hacen abortos. La Clínica Cire de Ciudad Real es un “consultorio ginecológico” sin empresa. Lo mismo pasa con el del "Doctor Prada” en Guipúzcoa, la Clínica “Sirona” de Gijón, el “Centro Ginecológico Dr. Echevarría” en Álava, la asociación Centre Mèdic Les Corts de Barcelona (aparentemente vinculada a la clínica abortista Adàlia de Gerona), el Centre Mèdic Giness (Dr. Eizaguirre) en la misma Ciudad Condal, el Centro Ginecológico Levante (en Alicante y Elche, sin empresa ni correo electrónico). Por último, en Cádiz y Granada cita el ministerio un “Centro Ginecológico” y una “Clínica Ginecológica” que, sin más datos, es imposible identificar. 

Ángel Santaolaya no aparece como gestor de la clínica de abortos que posee, pero sí de otras que no son de abortos 

 Para disimular las clínicas de abortos, una modalidad menos drástica es la de poner en la lista del ministerio un nombre distinto al comercial. Multimédica-Centro, de Salamanca, se llama por ejemplo Barromarco SL. El Centro Ginecológico Scala 2000 de Málaga se llama 2004 Ginecenter SL. La que aparece como Clínica Medina-Azahara se llama en realidad Clínica Ginecológica Córdoba SL. El Centro Médico o Clínica Guadiana (que realiza abortos en Badajoz) es en realidad la Clínica Los Arcos. Lo que en Vizcaya llama el ministerio Clínica Ginecológica Carlton, aparece en el Registro Mercantil como Ortodoncia Carlton. La Clínica Quirúrgica Actur de Zaragoza se llama Unidad Aragonesa de Salud SL, si bien ésta y otras empresas del grupo Dator (la misma Partner Line SL) al menos tienen registrado como marca el nombre que dan al ministerio. Por último, hay quien recurre a inscribirse bajo fórmulas distintas a las de sociedad anónima o limitada. Lasaitasuna (clínica vizcaína famosa por colgar el año pasado en internet las historias de 4.000 mujeres que habían abortado) es una comunidad de bienes gestionada por tres personas. A la fórmula de Asociación (que exime de presentar balance) recurre entre otras la sucursal valenciana de Acuario (cuyo nombre registrado es simplemente “Casa de Salud”).

 

Preservar la fama

 Madrid es suficientemente grande como para que Guillermo Sánchez pueda no ser conocido, y Levante lo suficientemente libertino como para que los abortistas mezclen sus actividades con otras sanitarias. Pero la vieja Castilla es otro cantar, y en Valladolid el propietario al 80% de Ginemédica, el ginecólogo Ángel Santaolaya, cuida su fama y no se mezcla en otras empresas con los gestores de su clínica de abortos. Paradójicamente, en Ginemédica no hay ningún ginecólogo, y Santaolaya, que lo es, sólo aparece como gestor de empresas de otros ramos, salvo que se considere ginecología la fecundación in vitro. La clínica de abortos salmantina Barromarco toma nombre de su administrador, Antonio Martín Marcos, y de su precedesor José Luis Barroso Moreno. Con Antonio Sánchez Hernández, Martín administra Barromarco y otras tres empresas: Clínica de la Mujer, Hispanolusa de Ginecología, y la inmobiliaria Hardcilla. Sánchez Hernández administra además la empresa de finanzas Consultora Empresarial Salamanca. A la vista de una estructura empresarial tan poco transparente, parece claro que una Ley del Aborto que reduzca el control favorecerá estas pecularidades.

 

Andalucía se la reparten González Bravo y Sáenz de Santamaría-Stolzenburg

 El aborto ha echado raíces en Málaga, donde Rafael González Bravo tiene tres clínicas abortistas: Atocha, Clínica Sevilla (alias El Sur) y Spawsky, y otras nueve empresas: Inra 2005, Inversiones Acpromi, Rasan 2, Ripalgo 3000, Tempisque (construcción e inmobiliaria), Mallorban (carpintería), Ragumi, Pacatmedita (cafeterías), Urban People (calzado). También en Málaga tiene tres clínicas el doctor Germán Saenz de Santamaría Vázquez: una de abortos (la Ginecológica que lleva su apellido, con sucursal también en Jaén) y dos policlínicas que no los hicieron en 2007: Huelín y Litoral. Saenz de Santamaría no tiene hoy día conexiones comerciales directas con uno de sus antiguos empleados, junto con el cual fue procesado por abortos ilegales: Luis Alberto Stolzenburg, propietario de una clínica de abortos (Córdoba), de otra que lleva su nombre en Sevilla (y que al menos en 2007 no los hizo), y de una inmobiliaria, Vistalada SL, en Málaga. Sus conexiones miran a Oriente también por su socio extranjero, Mohamed Zakaria El Abdellan El Kasem, con quien comparte la clínica cordobesa y quien a su vez tiene dos clínicas (no abortistas) en Granada: Mayadín y Los Cármenes.  El Abdellan figuró como consejero delegado de la clínica de abortos madrileña Callao, propiedad del sirio Mohamed Dehni. Éste, a su vez, es titular de una policlínica, Retiro, en la madrileña calle de Lope de Rueda. Dehni lleva cuatro años tratando de convertirla en clínica abortista, pero se lo ha impedido la firme oposición de los vecinos del edificio.

Después del cierre, el año pasado, de la sucursal madrileña de Morín y de la pequeña clínica Mayrit, el negocio de Dehni es el único que, en Madrid, queda al margen del grupo Dator.

 

El grupo de Murcia y las empresas del País Vasco y Asturias

 Murcia es la tercera comunidad con mayor tasa de abortos (14,8 por mil mujeres fértiles). Hasta allí extienden sus redes las empresas de Remedios G. Bricio (Instituto Ginecológico Murcia). Pero la mayor parte del negocio abortista se lo queda un empresario local, Francisco Valero Atienza, con tres clínicas: Ginemur, Delta Médica y Deia Médica (en Murcia, Cartagena y Deia, Valencia). Valero posee una empresa de muebles (Casneval), otra de comercio (Nicaragua I. Trade) y otra de servicios (Tóner del Mediterráneo), además de una sanitaria (Oftal Ribera). Sus socios Wilmer Jurado, Francisco Martí Peris y Adela Vidal Chornet administran empresas ginecológicas o sanitarias (Géminis Planificación Familiar, Vidavidal, Clidemur Salud y Belleza, Laboratorio Grumaya y Laboratorio Hospital 4).  En el País Vasco, Luis Castillo Echeverría administra la clínica abortista Euskalduna 2006, así como la empresa Resonancia Euskalduna, y preside la también sanitaria RX Euskalduna. Su principal socio en las tres es José Miguel Gurrea Bilbao, administrador de Aluak y Glamzagine (sanitarias), Guri SL y Arrendamientos de Bizkaia (inmobiliarias), y Dorsoduro 06 (financiera).  En Asturias, salvo las conectadas con el grupo levantino Acuario (Buenavista), las clínicas abortistas suelen estar gestionadas por mujeres y tienen escasas conexiones. Marcos Fernández Marqués, que hasta 2003 fue consejero delegado de Belladona (clínica abortista de Gijón), administra actualmente dos empresas sanitarias (Instituto Reumatológico Asturiano y Reumatología A&M). Otra ex administradora, Amparo Cardano Díaz, gestiona el centro de salud Beleno.  

 

LISTADO COMPLETO DE LAS EMPRESAS ABORTISTAS   

 

Publicado en “La Gaceta de los Negocios