Bioética y Ciencia

Más aborto. El dictamen del Consejo de Estado

Publicado en Aborto y anticoncepción.

El cantautor de moda se quejaba dramáticamente durante las últimas boqueadas del franquismo: “¡Estamos tocando el fondo!”. Con su canto, nos decía a la vez que andábamos peor que nunca, pero que ya quedaba poco. Ahora volvería a ser actual, aunque sólo con el primero de los significados: descendemos en la frialdad de las aguas, sin que el fondo se adivine a través de la oscuridad líquida.

 He de reconocer que mis intentos de sumarme a las filas de los optimistas pertinaces sólo dan resultado durante unas pocas semanas. Siento enseguida que arrojan sobre mí un gran jarro de agua fría. Debo confesar que la noticia sobre el dictamen del Consejo de Estado acerca de la ampliación del aborto ha sido un duro golpe. Como último recurso, me he acogido a un humor patético. Es el cuento del boxeador que estaba sufriendo en el ring un duro castigo. Su manager, para animarle, le dice en el rincón: “No te ha tocado”. Y el púgil replica: “Pues vigílame al árbitro porque alguien me está forrando”.

 

Ya sé que el juicio del Consejo de Estado no es vinculante, y que todavía el Tribunal Constitucional puede invalidar esa ley. Pero, después de lo visto y oído, espero poco de nuestras instituciones jurídicas, cuya politización alcanza honduras en las que la división de poderes se convierte en una metáfora vacía de sentido. Y, por otra parte, el dictamen del alto Consejo no me desanima tanto por el contenido, sino –como diría un castizo- por el hecho. El hecho es que la opinión unánimemente favorable sobre una ley injusta la ha emitido una comisión en la que figuran un ex candidato a la Presidencia del Gobierno por la UCD y un ex ministro de Justicia; que está presidida por un jurista tan honrado y competente como Miguel Herrero de Miñón, candidato también en su momento a dirigir la UCD; y de la que forman parte profesionales del derecho que se han destacado en anteriores circunstancias por su oposición a otras leyes contrarias a la ética.

 

Después de la aprobación del “matrimonio” homosexual, nuestra Constitución está herida de muerte, porque semejante figura es incompatible con el espíritu y la letra de la ley fundamental. Resulta muy difícil que un paso tan errático pueda ser desandado. Y lo peor es que abre camino a otras tropelías parecidas. Con todo sigue en pie la realidad de que, en su sentencia de 1985 sobre la primera ley del aborto, el Tribunal Constitucional estableció la doctrina de que el nasciturus es un bien jurídicamente protegible, con lo cual no cuadra en absoluto la reforma propuesta ahora por el Gobierno.

 

¿Qué tendríamos que hacer los españoles discrepantes si finalmente se aprueba esta ley? No podríamos acogernos a la disculpa de que habrá sido un producto de la democracia. Porque, en este caso, nuestro sistema político se habría vuelto contra sí mismo. Y nadie está obligado a obedecer una ley injusta. Desde luego, habría que defender hasta el final la posibilidad de la objeción de conciencia por parte del personal sanitario. Pero, siguiendo la tesis de Hannah Arendt en Crisis de la República, aquí es más bien de aplicación la figura de la desobediencia civil. A diferencia de la objeción de conciencia, que constituye una respuesta personal, la desobediencia civil exige que sea adoptada libremente por una colectividad de personas. Miembros del gabinete socialista han presentado, en otros contextos, la desobediencia civil como un fenómeno catastrófico, pero nada hay más genuinamente democrático.

 

Cuando el sistema democrático falla por haberse plegado —en alguna de sus articulaciones— a una extrapolación del poder político, lo coherente es admitir que los ciudadanos que advierten la injusticia y no están dispuestos a tolerarla, desobedezcan pacíficamente la aplicación de tal ley. Lo cual, en este caso, no afectaría sólo a los profesionales de la sanidad, sino a todas las personas que estuvieran implicadas de algún modo en la práctica del aborto. La perturbación pública que esto pudiera llevar consigo es menos dañina para la democracia que el abuso de imponer a la sociedad civil una práctica que millones de personas, con argumentos difícilmente rebatibles hoy día, consideramos intolerable.

 

Publicado en La Gaceta de los Negocios

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