Bioética y Ciencia

Aborto: opinión pública y liberación sexual

Publicado en Aborto y anticoncepción.

Que para el derecho ya no hay acciones malas por sí mismas, sino permitidas o prohibidas por la ley, es lo que parece definir con más intensidad este espacio social en el que ahora nos quieren instalar. Un momento cultural en el que la radicalización de la libertad es entendida no tanto como condición sino como fin.

 


Una grave alteración de la esencia de la libertad como principio irrenunciable de convivencia cuyo precio -alto precio- es el indiferentismo, el aplanamiento moral, la trivialización de la vida, en suma, el retorno a una infancia o pérdida de madurez de quienes constituyen la sociedad. Todo está moralmente permitido mientras no lo prohíba la Ley y no perjudique a tercero. Este es el axioma.

 

Y si fuera así, en el aborto lo primordial sería entonces definir la naturaleza de ese tercero, el concebido y no nacido y su protección jurídica. Científicamente el tema ya no presenta severas discrepancias, y tampoco el Derecho Natural: hay vida y derecho a ella desde el momento de la concepción. Sin embargo, el fraude habilidoso está en la norma jurídica que ahora se quiere imponer. De nuevo se vuelve a obviar, como ya lo hizo anteriormente, la clara intención de quienes elaboraron y aprobaron la Constitución de proteger esa nueva vida. Y aún más, se quiere relativizar la consideración rotunda del Tribunal Constitucional de declarar al no nacido, expresamente, como un bien jurídico a proteger por lo poderes públicos.

 

Otro flagrante desafío a la seguridad jurídica a la que se da simple valor relativo, eludible sin mayor problema, para quienes hoy, gurús del Estado de Derecho, quieren anular a su interesado criterio aquel estatus jurídico de protección a un incuestionable sujeto de derechos y condenarlo con la mayor de las indefensiones.

 

¿Y por qué se llega a tal contradicción de los principios jurídicos que en definitiva mantienen la convivencia social? Simplemente porque el sistema operante en una democracia mal entendida oculta una intención ideológica velada, o no tan velada ya, de conseguir y perdurar en el poder; y su política por tanto se convierte en una permanente intención de gestionar la opinión pública: esa voz de una masa de hombres independientes entre sí y débiles, que diría Tocqueville. De manera, que al final, es esa voz de la masa la que dictará los criterios de legalidad sobre el aborto; que sea la opinión pública la voz que, en definitiva, autorice al Estado a decidir sobre la legalidad del aborto es lo que produce una enorme inquietud. Primero, porque para que se den las garantías que la opinión pública posee, habría que presuponer que conoce cabalmente la realidad del aborto. Y cabalmente quiere decir, que es conocedora de que a los actos libres le siguen responsabilidades que cada cual ha de asumir en función de su grado de participación. Si es el Estado el que la exime de estas responsabilidades quiere reconocer en ella una falta de madurez no exenta de una suerte de infantilismo social que le viene bien para sus fines y que solventa garantizando la posibilidad de todo placer y, cómo no, la imposibilidad de toda consecuencia. Segundo, porque a la trivialización de la sociedad, le sigue la trivialización de la noción de persona y la potenciación del poder del Estado que inicia así el camino más corto hacia un totalitarismo político encubierto. Un poder que, además, esconde un gran negocio: la hipercomercialización del sexo, cuyo frenesí se alcanza cuando se ofrece un producto sin que el consumidor tenga que soportar la menor consecuencia desagradable. Sexo, placer y libertad se han aproximado hasta la identificación y para lograr su comercialización se suprimen las posibles implicaciones.

En resumen, ¿qué es el aborto? La última garantía que se ofrece al consumidor, ofertando el sexo como mero objeto de consumo y como inocua evasión colectiva.

La Ley garantizará la posibilidad de que esa colectiva evasión no tenga consecuencias legalmente gravosas o exigibles.

 

Pero, el precio de un tal paternalismo, apoyado en una opinión pública muy mediatizada, es que el estado acabará disfrutando cada vez de más poder sobre el hombre. La sutil maniobra consiste en crear las necesidades de una opinión pública, satisfacer unas, reprimir otras, en suma en crear por parte del Estado un hecho sociológico conveniente para el poder; poder que ha concedido democráticamente lo que previamente ha manipulado mediáticamente ¿Qué es entonces la liberación sexual? Que del ejercicio de la dimensión sexual no se deriven sus naturales consecuencias y no se exijan sus naturales compromisos, pues el Estado nos libera de una tal responsabilidad, en definitiva: infantilismo civil.

Publicado en La Verdad (Murcia)