Bioética y Ciencia

Novela por entregas

Publicado en Aborto y anticoncepción.

La instauración de un régimen de aborto libre resulta abiertamente inconstitucional. El TC recalca que la vida es un proceso que empieza en la gestación y termina con la muerte. Últimamente, el legislador parece legislar bordeando o enfrentándose claramente a la  Constitución,  esperando –piensa– que el TC haga luego una interpretación evolutiva que lo justifique. Para el legislador español la Constitución resultaría algo así “como una novela por entregas”. Los autores de la CE del  78 habrían escrito el capítulo primero, y cada generación judicial escribiría los siguientes, en una suerte de espiral de reivindicaciones infinitas, creando un espectáculo inédito de creatividad condicionada. Ha sucedido con la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, con alguno de los estatutos de autonomía, con leyes bioéticas y, ahora, con ésta sobre prácticas abortivas.

Acaba de concluir en el Senado el debate sobre el llamado Proyecto de Ley de Salud Sexual y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Conviene  anotar un fenómeno jurídico curioso. Últimamente, el legislador parece legislar bordeando o enfrentándose claramente a la  Constitución,  esperando –piensa– que el TC haga luego una interpretación evolutiva que lo justifique. Parafraseando a Ronald Dworking,  para el legislador español la Constitución resultaría algo así “como una novela por entregas”. Los autores de la CE del  78 habrían escrito el capítulo primero, y cada generación judicial escribiría los siguientes, en una suerte de espiral de reivindicaciones infinitas, creando un espectáculo inédito de creatividad condicionada. Ha sucedido con la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, con alguno de los estatutos de autonomía, con leyes bioéticas y, ahora, con ésta sobre prácticas abortivas.

Ocurre, sin embargo, que en esta ocasión el legislador no se enfrenta con un texto constitucional más o menos ambiguo, que podría sugerir decisiones judiciales impredecibles, sino con un texto constitucional ya interpretado por el propio TC:  la conocida  sentencia 53/85 de 11 de abril. Por tanto, la observación de la Constitución ha de ser a través del prisma de una interpretación judicial vinculante. Una interpretación en la que debe hacer un balance de intereses en juego entre los deseos de la mujer y la vida del nasciturus.  Si se prescinde de esa ponderación, atendiendo sólo a uno de los dos intereses en colisión, se  lesiona el bien constitucional de la vida. Esto ocurre con el proyecto de ley mencionado.

Telegráficamente enunciaré algunos reproches de inconstitucionalidad –junto con otros de simple lesión jurídica– que presenta este proyecto.


En el fondo del mismo se encuentra una argumentación singular, la de que la razón última de la justificación de la nueva ley sería el desiderátum de practicar un sexo seguro sin la secuela del riesgo de embarazos no deseados. Esta explicación o justificación del nuevo tratamiento legislativo impone un sacrificio desproporcionado entre los fines que pretende alcanzar y la destrucción de lo que la sentencia de 1985 denomina “un bien constitucionalmente valioso”, la vida humana. Hay que reconocer que intentar supeditar el bien constitucionalmente valioso a deseos o pretensiones de carácter tan personal no es admisible.

El TC  sólo admite la licitud constitucional de la despenalización del aborto cuando la vida del nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entre en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de relevante significación: vida y dignidad de la mujer. La instauración, por el proyecto de ley, de un régimen de aborto libre dentro de las primeras 14 semanas de gestación, supeditado a la voluntad de la embarazada y sin la concurrencia de situación alguna de grave conflicto, es inconstitucional.

El TC, en la sentencia citada, recalca que la vida es un devenir, un proceso que comienza con la gestación y que termina con la muerte, determinando la gestación un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta. El proyecto obvia esta realidad, ya que en él subyace la concepción del feto como una parte más del cuerpo de la mujer, sobre cuyo futuro ésta puede decidir. La referencia a un supuesto derecho de la mujer a la “libre disposición de su cuerpo”, ahonda en esta percepción.

El  “sistema de plazos” por el que opta el proyecto, es decir, el aborto libre en las primeras 14 de semanas de gestación, lleva consigo la clara dejación, por el Estado, del deber constitucional de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que, incluya, como última garantía, las normas penales.

En fin, saliéndose ya del marco constitucional, no resulta difícil detectar una cierta contradicción entre las previsiones del proyecto sobre indicación eugenésica y la obligación que, a los poderes públicos, impone el artículo 4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en la medida que les reconoce el derecho a disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respeto a su dignidad e intimidad.


Por otra parte, si se tiene en cuenta el concepto legal de “prestaciones sanitarias”, no es correcta la equiparación que hace el proyecto entre prestación sanitaria y aborto solicitado por la embarazada en las primeras 14 semanas de gestación, al margen de la concurrencia de motivos clínicos. En la IVE por causas médicas sí es posible hablar de “paciente”. No, en cambio, cuando nos hallamos ante un aborto por simple petición de la embarazada, pues la salud de la mujer no se halla comprometida, por lo que no puede, razonablemente, demandarse su mantenimiento o recuperación.

Publicado en La Gaceta

 

 

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