Bioética y Ciencia

El robo de la patria potestad

Publicado en Aborto y anticoncepción.

Cuando un gobierno exige más garantías para talar un árbol que para matar a un ser humano no nacido significa que este gobierno ha enloquecido.

La figura jurídica contenida en la nueva legislación, que permite a las adolescentes abortar sin consentimiento ni información a los padres, constituye un robo a la patria potestad.

El desarrollo que de este punto de la nueva norma está haciendo el Ejecutivo, otorgando al médico el papel de juez para dictaminar si la menor puede abortar aunque no informe a sus padres, estableciendo una medida 'técnica', como es el informe del psicólogo si el caso lo requiere, todavía hace más evidente el robo.

Quien tiene la responsabilidad sobre los hijos y el deber de cuidar de ellos son los padres. Y este deber en caso de incumplirse puede ser perseguido por la ley. Por consiguiente, es un atributo que pertenece no sólo a la moral, sino al derecho. Y sus límites y excepciones solamente pueden ser juzgadas por aquellos que por parte de la sociedad tienen atribuida esta función, los jueces. Otorgar este papel al médico significa introducir una incoherencia más en una ley cuyo origen es incoherente y contradictorio.

Además, desde el punto de vista práctico, este procedimiento significa una penalización a los padres. La adolescente querrá abortar sin su conocimiento y el médico puede decidir afirmativamente, pero después cuando se produzcan las complicaciones, sean estas fisiológicas o psíquicas, quienes tendrán que correr con la carga de las mismas y sus correspondientes costes serán los padres, porque la menor, lógicamente, continuará siendo una menor, y el médico si te he visto no me acuerdo. Aunque este último punto no está nada claro.

De hecho, lo que hace el Gobierno es sobrecargar a los médicos con una responsabilidad adicional, porque muchos padres pueden decidir perseguir legalmente la decisión del médico, poniéndola en cuestión y responsabilizándolo de las consecuencias de su decisión. En este sentido, la Organización Colegial Médica ya ha presentado sus reservas a este punto de la ley, y bien harían todos los colegios de médicos si realmente quieren actuar en defensa de sus asociados en presionar para conseguir que tamaña responsabilidad impropia no recaiga sobre ellos. De lo contrario, su vida profesional todavía va a verse más complicada de lo que en realidad ya es. Que el Gobierno no sepa ahora como instrumentalizar una cierta garantía que rebaje la brutalidad de que sea una menor quien decida sobre su aborto no significa que deba descargar su incompetencia sobre la profesión médica.

Por otra parte, las medidas que establece el Gobierno para demostrar que existe consentimiento paterno, una simple carta o una fotocopia del DNI de los padres, son ridículas e impresentables, y dicen muy bien del valor que otorga a la protección del no nacido Zapatero y sus ministros. En ninguna actividad cuya realización dependa de un tercero se admite una simple carta sin autentificar o la fotocopia del carné de identidad del ausente de quien se dice que está de acuerdo con aquella tramitación. Una vez más se trivializa hasta extremos increíbles el hecho de abortar.

Cuando un gobierno exige más garantías para talar un árbol que para matar a un ser humano no nacido significa que este gobierno ha enloquecido.

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