Bioética y Ciencia

Objación de conciencia

Escrito por Diego Ogayar Sánchez. Publicado en Temas generales.

La objeción de conciencia, es la resistencia que una persona opone a una ley general, por considerar que las propias convicciones personales le impiden cumplirla. Por tanto de ella se deriva un conflicto que enfrenta a la normal legal con la conciencia del sujeto. La norma legal en este caso como conciencia común de la sociedad y la norma moral basada en la conciencia individual.


La objeción de conciencia debe tener una serie de características que la definan como tal:

-El rechazo de la norma se produce en cuanto afecta a la intimidad de la conciencia personal.
-El que objeta solo pretende no cumplir la norma.
-El objetor no persigue derogar la norma o modificarla.

Por tanto jurídicamente se trataría de una desobediencia al derecho con el fin de proteger la libertad individual.

El respeto a la conciencia individual solo originaria conflicto jurídico, cuando el legislador impone conductas que son contrarias a la conciencia personal.

La objeción de conciencia como protección a la libertad individual ha sido recogida de forma expresa en el art.30 de la constitución española referente a la modalidad de objeción para el Servicio Militar obligatorio. Cuando la objeción produce un beneficio claro al sujeto objetor, se debe depurar la intencionalidad de este, ya que se puede caer en el abuso, como ocurrió en el citado articulo, que origino, debido al gran numero de objetores, la desaparición de la norma.

No parece que deban estar recogidos en la constitución todos los casos posibles de objeción. El derecho fundamental a la libertad religiosa e ideológica, reconocido en el art. 16.1 podría sin mas proteger este derecho.

Estamos en una sociedad democrática que sigue la idea de pluralidad, de respeto a las ideologías y como consecuencia respeto a las minorías. Por tanto, cuando la mayoría propugna una ley que otros consideran injusta, surge la posibilidad de ejercer el derecho a la objeción de conciencia, siempre que exista materia suficiente que lesione derechos fundamentales como la integridad física, la vida, etc.

La ley considerada no justa debe analizarse en su repercusión social y es claro que el tema del aborto tiene una alta incidencia social y produce una enorme división con contestaciones sociales desde uno y otro sector.

Además de la polémica actual sobre la píldora postcoital, piénsese en el recurso constitucional cuando se aprobó la despenalización del aborto en determinados supuestos, que hubo una enorme división política y no menos legal, teniendo el alto tribunal que decidir por un escasísimo margen ante la división de los magistrados. Igualmente ocurrió en el parlamento cuando se propuso la ampliación de esta ley y no fue aprobada por un solo voto.

Todo esto nos demuestra la trascendencia del tema y su repercusión social.

No queda el mundo científico ajeno a esta división, los hay desde los que piensan que el único salto cualitativo que deslinda el ser del no ser es el momento de la fecundación, cosa que parece científicamente lo más razonable, y aquellos que ponen la barrera en la implantación uterina del huevo fecundado o las 12 semanas de gestación, aunque no puedan aportar pruebas con rigor científico que lo demuestren.

Otros piensan que el fin justifica los medios, y admiten todo tipo de manipulación embrionaria como algo inevitable para el progreso científico y el bienestar de otros seres humanos. Incluso se han acuñado términos curiosos como el de "Preembrion", para deshumanizar al embrión y poder justificar la experimentación, como si se tratara de cualquier otro animal de laboratorio.

Todo esto determina, que estamos ante un tema trascendente, de suficiente calado como para poder afectar a la intima libertad individual, y que sea perfectamente justificable la objeción de conciencia en este tipo de temas.

Por tanto, una sociedad pluralista y tolerante, no debe extrañarse de que determinados profesionales ejerzan este derecho que puede afectar a sus mas intimas convicciones.

Este es el caso del personal biosanitario, farmacéuticos titulares de oficina de farmacia, farmacéuticos adjuntos auxiliares, personal del servicio de urgencia hospitalario o de centros de salud, afectado por la orden de la Junta de Andalucía del 1 de junio 2001 (B.O.J.A del día 2), que incluía al Levonorgestrel 750ug con nombre comercial de Norlevo y conocido como la píldora postcoital, en la relación de medicamentos de tenencia obligatoria en farmacias y almacenes distribuidores.

La objeción de conciencia en este medicamento estaría plenamente justificada ya que cumple al pie de la letra los requisitos que antes hemos apuntado.

1° . -Su mecanismo de acción esta exclusivamente encaminado a evitar el embarazo y al menos que consideremos el embarazo una enfermedad, no podemos conceptuarlo como medicación terapéutica, ya que no cura nada.

2° . -Los estudios más recientes revelan que su actuación es antimplantatoria, o sea impidiendo la anidación en el útero del huevo fecundado, en mas del 75% de los casos. Por tanto es un abortivo para todos aquellos que consideran la fecundación como el comienzo de la vida.

3°.- El farmacéutico objetor no obtendría otro beneficio que el de preservar su libertad individual ante lo que considera que vulnera sus mas intimas convicciones, ya que con la negativa a dispensar dicho medicamento pierde las ganancias que de otro modo obtendría.

No me resisto a hacer mención a un excelente informe jurídico que el Asesor del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla elaboró a petición de su presidente sobre el tema de la objeción de conciencia en la dispensación de este medicamento.

Termina dicho informe afirmando que el tema no es meramente una cuestión de objeción de conciencia, si no que la propia legislación vigente impide al farmacéutico expender productos abortivos, ya que el aborto esta prohibido en nuestro ordenamiento jurídico y solo despenalizado en tres supuestos.

Exige dicha ley a los profesionales que se cumplan unos requisitos y condiciones antes de practicar un aborto en los supuestos despenalizados y estas condiciones no se acreditan ante el farmacéutico expendedor del producto.

Con la obligatoriedad de tenencia y venta de un producto que puede ser abortivo sé esta invitando al farmacéutico a un acto delictivo en calidad de cooperador necesario para la ejecución del hecho.

(El autor es médico, miembro de la Asociación Española de Bioetica (AEBI) y de la Asociación Nacional en Defensa de la Objeción de Conciencia del Personal Biosanitario)

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