Familia y Educación

La trampa pública

Escrito por José Ramón Ayllón. Publicado en Educación-Enseñanza.

Es justo esa libertad de los padres lo que ignoran los Gobiernos socialistas al hablar de enseñanza.

Siempre la lengua fue compañera del Imperio, sentenció Nebrija al entregar su magnífica Gramática a la reina Isabel. Pero esa noble alianza ha sido entendida por los políticos de izquierda, siglos más tarde, de una manera maquiavélica, exclusivamente a su favor, en la línea de los cerdos de Orwell. Como ejemplo elocuente, José Luis Rodríguez Zapatero llegó a decir, sin ruborizarse, que la verdad no nos hace libres, sino al revés: la libertad nos hace verdaderos. Dicho y hecho. Zapatero y sus ministros han sustituido verdad por libertad. Pero, si la verdad no existe, tampoco existe la mentira, ni la contradicción lógica. Sin verdad que comunicar, el lenguaje se prostituye, supeditado al triunfo partidista.

Viene esto a cuento porque en huelgas y manifestaciones de profesores y estudiantes se repite, desde hace décadas, el tópico de “el dinero público para la escuela pública”. Cosa que no deja de ser cierta, siempre que entendamos correctamente la proposición. El dinero público debe financiar la escuela pública, pero resulta que toda enseñanza es pública. Sí, ha leído usted bien, porque la concertada y la privada son tan públicas como la estatal. ¿Alguien se atrevería a decir que una librería o una discoteca no son públicas por el hecho de ser propiedad de particulares?

El problema, como apuntábamos, es que la izquierda española, siempre hábil con el lenguaje, ha ganado una vez más la batalla de la confusión, y ha conseguido que sólo llamemos pública a la enseñanza estatal. Por otra parte, lo que tan alegremente se llama dinero público, me temo que procede de bolsillos privados, y ese pequeño detalle refuerza lo que venimos diciendo: que el dinero de todos debe repartirse entre todos.

Lo que ahora voy a decir es el perogrullo de la organización social, pero me parece oportuno recordarlo porque estamos en España, país donde los malabarismos conceptuales de la izquierda han conseguido confundir al personal en cuestiones elementales. De perogrullo es que el Estado debe garantizar un sector servicios que ofrezca lo que demandan los ciudadanos: hoteles, autobuses, supermercados, teléfonos, ropa, vivienda, colegios… Pero garantizar no es lo mismo que crear y poseer esas empresas. El Estado no debe ser el dueño de autobuses, urbanizaciones, zapaterías y mil servicios más, porque entonces anularía la libre iniciativa de unos ciudadanos que se verían reducidos a la condición de infantes en una guardería.

Por la misma razón –la pura libertad–, cualquier ciudadano puede escoger el hotel que sea de su agrado, comprar el teléfono que le mole y elegir para sus hijos el centro escolar que más le guste. Si el Estado impusiera una cadena de hoteles o un modelo de enseñanza, estaría abusando de su poder y cercenando la libertad. Precisamente eso –abusar y cercenar– es lo que suele hacer la izquierda cuando está en el Gobierno, y lo que suele pretender desde la oposición. ¿Por qué? Porque el poder se sube fácilmente a la cabeza, con más rapidez cuanta más ideología se respira, cuando la libertad de los demás parece un lujo o un capricho, y no un derecho esencial. Y me parece que ahí está el fondo del problema: en el derecho a promover y escoger una opción legítima. Es justamente esa libertad básica de los padres lo que suelen ignorar los Gobiernos socialistas cuando hablan de enseñanza, porque el socialismo lleva en sus genes el afán de vigilar y controlar, según el viejo prejuicio leninista: “Libertad, ¿para qué?”.

Entonces, ¿debe el Estado subvencionar los centros no estatales? Por supuesto. De hecho, los Gobiernos socialistas lo hacen, aunque a regañadientes, como un mal menor. A la izquierda radical, sin embargo, le salen sarpullidos con este asunto y no se cansa de repetir que el dinero público es para la escuela pública. Sofisma sobre sofisma, pues ya hemos dicho que toda enseñanza –estatal o no– es igualmente pública, y todo dinero público procede de los bolsillos privados. ¿Con qué dinero debe ayudar el Estado a la escuela no estatal? Con el dinero de los contribuyentes. Y, si me apuran, con los impuestos que pagan los padres que eligen ese tipo de escuela. Si un Estado niega o retira esa ayuda, no tendrá argumentos para justificar esa discriminación injusta entre ciudadanos.
Termino con otro supuesto, muy propio de nuestro entorno. ¿Podría el Estado comprar equipos de fútbol, montar con ellos una liga estatal y pretender que desaparecieran los demás equipos y competiciones? La situación sería esperpéntica, por supuesto, pero no muy diferente a la que protagoniza la enseñanza estatal cuando vocifera contra la no estatal y desea su desaparición.

José Ramón Ayllón es filósofo y escritor.

Acceso al artículo publicado en La Gaceta

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