Familia y Educación

Centros concienzudos

Escrito por Andrés Ollero Tassara. Catedrático de Filosofía del Derecho. Publicado en Educación-Enseñanza.

La polémica suscitada en torno a la asignatura Educación para la Ciudadanía me brinda a diario argumentos mil sobre una vieja reivindicación: resulta indispensable contar en Secundaria con una asignatura de Teoría del Derecho, de carácter obligatorio, para que todo hispano sepa a qué tiene derecho y con qué alcance. Esto permitiría, por ejemplo, saber a qué atenerse sobre si se tiene derecho a la objeción de conciencia y en qué circunstancias.


Que no se trata de una cuestión baladí lo ha puesto de relieve el propio Tribunal Constitucional, que no ha dejado de mostrar alguna perplejidad al respecto. En su sentencia sobre la despenalización del aborto, lo considera un derecho fundamental vinculado a la libertad ideológica y religiosa del artículo 16 de la Constitución; más tarde lo presenta, a propósito del servicio militar, como derecho excepcional de configuración legal; por último, lo volverá a reconocer en toda su plenitud, anulando la condena impuesta a los padres testigos de Jehová  que se negaron a autorizar una transfusión a un menor que acabó falleciendo.

He de reconocer, agradecido, que las manifestaciones realizadas por el máximo representante de los docentes religiosos católicos (la FERE) han aumentado en grado sumo los argumentos que al respecto hasta ahora había ido coleccionando. Por muy discutible que resulte el derecho a la objeción de conciencia, parecía hasta ahora fuera de discusión que la conciencia, lo que se dice conciencia, es un atributo personal e intransferible. No había motivo para sugerir que los centros educativos tuvieran conciencia, ni pudieran por tanto objetar apelando a ella. Los centros se conformaban con tener ideario o carácter, que no es poco. Tenían, lógicamente, derecho a verlo garantizado sin necesidad de objetar. Si algún poderoso pretendía obligarles a contradecir su ideario iban al juez en defensa de su derecho, protegido por una norma constitucional, sin necesidad de objetar excepcionalmente nada.

Por lo visto, los de la FERE han considerado necesario explicar por qué sus centros no objetan, lo que me parece llamativo. No me suena que los obispos hayan animado a objetar, ni siquiera a los padres; se han limitado a estimular al ejercicio de los derechos que cada cual tenga. El lío comienza a formarse cuando de no objetar el centro, asunto que me parece fuera de discusión, se pasa a decidir que los padres con hijos en el centro no tienen por qué objetar. Durante los años de la dictadura me encontré con frecuencia con situaciones en que los alumnos decidían recurrir a la huelga y no iban a clase. No se me pasó por la cabeza discutir con ellos si sus razones para no acudir a clase me parecían más o menos convincentes. Iba a clase y, si no había ninguno, renunciaba a darle clase a las paredes y comunicaba al decano de turno que no había podido cumplir con mis deberes docentes por falta de víctimas. Así de fácil.

Si nadie ha instado a objetar a los centros religiosos, sólo se me ocurren dos explicaciones racionales para que se empeñen en que no lo hagan los padres de sus alumnos. No sé cuál sería peor.
La primera partiría de una postura, nada católica, que les llevaría a decir a los padres: no se preocupen de la conciencia de sus hijos, porque de eso nos encargamos nosotros; si algo puede afectarles, ya les avisaremos. O sea que, al matricularlo, el padre dejaría de ser responsable de la educación de su hijo, cuya conciencia quedaría depositada en la caja fuerte del centro; curioso asunto... Lo que era ejercicio del derecho a elegir centro se convierte en amputación del derecho-deber de educar a los hijos. Es como si yo hubiera dicho a mis ya lejanos alumnos: no se preocupen que, si los que mandan se pasan de la raya, ya les avisaré yo; a clase, por tanto, todo el mundo.
La segunda explicación sería aún peor: los docentes religiosos temerían, hay que suponer que con razón, verse represaliados si no persuaden a  los padres de su centro de que renuncien a su derecho a objetar. Nunca bajo la dictadura decano alguno me dijo: tengo entendido que se ha anunciado una huelga; que no me entere yo de que en tu aula no ha habido clase, porque se te puede caer el pelo. Sería preocupante que en plena democracia pudiera darse supuesto de hecho parecido. Si yo fuera responsable político del asunto, denunciaría a quien sugiriera que tales represalias inconstitucionales pueden darse hoy día en alguna de nuestras Comunidades Autónomas.

En resumen: que los centros docentes, por religiosos que sean, no objeten, me parece elemental. Que se dedicaran a decidir si los padres de sus alumnos han de hacerlo, o no, sería todo un monumento a la deseducación de la ciudadanía. Habría quizá que recordarles, también a ellos, un viejo principio general, no sé si jurídico: zapatero, a tus zapatos.

Andrés Ollero Tassara es miembro del Consejo Asesor de AGEA-Madrid