Familia y Educación

Educación para la ciudadanía: la gran mentira

Escrito por José Mª. Martí Sánchez – Doctor en Derecho. Publicado en Educación-Enseñanza.

Pocos ejemplos como el que está dando el Gobierno socialista con Educación para la Ciudadanía, para demostrar el deterioro de las instituciones. En este terreno, de importancia vital para la sociedad, se está socavando, desde el Poder, el Estado de Derecho y el sistema constitucional. Como siempre que se actúa mal, la mentira es el aliado imprescindible. Con ella se intenta sorprender la buena fe del hombre corriente y, de paso, borrar el rastro y la intención de quienes nos arrastran a la ruina.


No sorprende que en esta deriva suicida, el Gobierno se tope con la Iglesia. Eso es lo que la prestigia como fiel a su Señor y, en consecuencia, garante de la Verdad y la Vida.


Frente a esta escalada de la mentira en que está empeñado el Gobierno, aquí confiamos en la verdad. Según el proverbio ruso que Solzhenitsyn recordó, en el Discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura (1970): «Una palabra de la verdad atrae más que el mundo entero». ¡Ojalá que nuestras torpes palabras ayuden a deshacer brumas!


La primera mentira sobre Educación para la ciudadanía quería hacer creer que ésta se limita a ofrecer un conocimiento de las Instituciones, de la Constitución y de los derechos humanos. Si así fuese la implantación de la materia, como ha ocurrido en el resto de Europa, que sí ha seguido la Recomendación 12-2002 del Consejo de Europa, no habría ocasionado ningún problema ni escolar, ni social.


Pero esa primera mentira, de corto recorrido, fue de inmediato puesta en evidencia. El contraste entre la Recomendación 12-2002 del Consejo de Europa y la Educación para la ciudadanía de la reforma educativa, hasta para el profano, era demasiado llamativa. Hubo que improvisar otras mentiras, como la de que, quien no aprobase Educación para la ciudadanía, no promocionaría.


Aquí sólo nos ocupamos de las más recientes.


Ahora, el 17 de septiembre, se insiste por quienes ni se preocupan por respetar la Ley de banderas, ni de que el idioma común se pueda utilizar en toda España, ni de la Ley de partidos, que hay que cumplir la ley. También sacan pecho y proclaman la soberanía del Parlamento quienes redactaron la reforma del Estatuto de Cataluña, con la «soberanía compartida».


La cuestión daría para bastante si tuviese alguna base, pero es que esta nueva consigna para salir al paso del movimiento objetor es del todo falsa. Y produce bochorno que la hayan propagado la Vicepresidenta del Gobierno y la Ministra de Educación, Política Social y Deporte. Más que nada por razón de su cargo y porque la Vicepresidenta aprobó, en su día, una licenciatura en Derecho y unas oposiciones a Secretaria judicial.


Para dejar las cosas claras cito una frase de una reciente sentencia judicial.


«Quizá pudiera objetarse de entrada el que adolecen sus preceptos legales [de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación] de indeterminación o indefinición sobre la materia en cuestión, educación para la ciudadanía, que derivara en un excesivo campo de maniobra a la discrecionalidad administrativa para su instauración como materia de enseñanza, deslegalizando así una materia de tantas implicaciones para el ejercicio del derecho de educación como derecho de libertad, pero la Sala tampoco considera que se precise, aunque sea de oficio, plantear la cuestión de inconstitucionalidad (art. 35 L.O.T.C.) por haber quedado comprometido el principio de seguridad jurídica que proclama el art. 9.3 de la C.E.» (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 30 de abril de 2008, FJ 6).


«En cambio, no puede decirse lo mismo de los Reales Decretos dictados por el Gobierno en desarrollo de la L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en los que procede a la fijación de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de la nueva materia, cuyo examen por esta Sala resulta también inexcusable. » (FJ 7). «Decimos que ese límite que exige el principio de neutralidad ideológica sí se rebasa en esos Reales Decretos porque la regulación que ofrecen revela a las claras que se está más allá de transmitir los valores de “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” recogidos en la Constitución, sobrepasando lo que sea una enseñanza teórica y práctica de “los principios democráticos de convivencia”» (FJ 8).


Efectivamente, es en ese marco de disposiciones administrativas y no en leyes emanadas por el Parlamento que, por cierto, también tienen acotada su competencia por la Constitución —y concretamente por los arts. 10 y 16— donde se plantea la discusión. En síntesis: lo que objetan los padres es el desarrollo reglamentario —del Ministerio y de la comunidad autónoma— y no propiamente la ley.


En cualquier caso parece que no es ocioso recordar a la Vicepresidenta y a la Ministra de Educación que la grandeza de la democracia reside en el uso responsable del poder y en su control. De éste son responsables tanto las instituciones —de ahí la importancia de su independencia y de la división de poderes, entre nosotros escarnecida— como la propia sociedad civil que se implica y participa —activamente— en la «cosa pública».


También hace unos días, el 12 de septiembre, la Vicepresidenta se mostraba preocupada en garantizar los derechos —decía que constitucionales— de los niños. Aquí la pretensión de la Vicepresidenta tenía tintes cómicos, pues, ¿qué derecho era ese que en treinta años nadie había descubierto en el texto constitucional, justo lo contrario de lo que ocurre con el artículo 16, sobre la libertad ideológica y religiosa, y el art. 27.3, sobre el protagonismo de los padres en la educación religiosa y moral de sus hijos? Y, ¡qué raro que sean los padres los que se oponen a los «derechos» de sus hijos! Esto hacía muy sospechoso el inventado y nuevo «derecho constitucional» de los niños.


Pero aquí se encierra un engaño contra el que, por su efecto perverso, conviene prevenirse. Pues esta consiga, de un aparente escrúpulo por los derechos, se ha empleado ya en otras ocasiones. Quizá, en este asunto, resulte más burdo el engaño del pretendido desvelo ante los derechos del menor que, ¡o casualidad!, no lo es por proporcionarle un hogar (pues, el Gobierno ha favorecido su disolución con el divorcio exprés), o una educación libre y de calidad, o unos medios de comunicación social respetuosos y formativos (todo quedó en fuegos artificiales sin medidas eficaces).


¿No se acuerdan Vds. que la prevista reforma de la ley del aborto está inspirada, en el tierno corazón del Gobierno por amparar los derechos de las «clínicas» abortistas y la privacidad de la mujer que aborta? Se explica, desde la degradación, que para el Gobierno y visto el «invierno demográfico» que sufrimos, sea prioritaria la protección del desatado ánimo de lucro y labor inhumana de tales «clínicas». De otra parte, la llamada privacidad, a costa del derecho a la información y asistencia de las madres, ¿no las abandona en manos de aquellos que han hecho del aborto su inicuo negocio?


Pero adviértase que aquí no es sólo una mentira el argumento de la defensa de los derechos del niño, para imponer Educación para la ciudadanía, o los de las madres, para ampliar el riesgo de que caigan, con su hijo, en el abismo del aborto. Se trata de una perversión, porque lo que ocurre de facto es que tanto la Educación para la ciudadanía como la ampliación del aborto, van a aumentar el daño social y comprometer los derechos de quienes hacen frente a tales medidas. Es el caso del padre que, en un ejercicio de su «derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos» (art. 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948), tienen que, a su pesar, exponerse a la luz pública —la Administración, los juzgados, el colegio, etc.— haciendo constar sus criterios educativos, la situación escolar de sus hijos, etc.


Asimismo, la mayor despenalización del aborto, «crimen abominable», va a desproteger al médico y demás personal sanitario objetor. La elaboración de listas de objetores, ¿qué otro sentido puede tener que el de poner trabas a los defensores de la vida (art. 15 de la Constitución), o exponerlos a las iras de quienes no piensan como ellos o viven muy bien a costa del dolor de las madres y de los niños asesinados?


Y es que el Gobierno tiene un problema muy serio con la conciencia y la libertad. Por esto no nos extraña que, de nuevo, choque con la Iglesia. Ésta, cuando ha sido más auténtica, ha defendido la conciencia hasta con el derramamiento de su propia sangre, siguiendo los pasos de su Fundador.


Además, por desconocer la conciencia y sus principios, se está desbaratando una labor de gobierno: destrucción de la familia, de la educación, de la unidad de España, de la solidaridad con la inmigración, de la economía, de las relaciones internacionales, etc. Y es que hay aquí una idea disparatada, la pretensión de que se puede edificar al margen de la justa autonomía personal y social, y de espaldas a la responsabilidad asumida por la persona ante el bien o el mal. Una cascada de mentiras no puede tapar esta aberración.

 

Publicado en Análisis Digital