Familia y Educación

¿Cuánto vale un niño?

Escrito por Forumlibertas 10/09/10. Publicado en Educación-Enseñanza.

 

Una sentencia del Supremo otorga 1.500 euros mensuales de por vida a un niño Down nacido como consecuencia de un diagnóstico prenatal equivocado. Esta sentencia tiene diversas lecturas. La primera y la más inmediata es la que impulsó la demanda de sus padres. Solicitaban una indemnización porque si ellos hubieran sabido -no hubiera habido error en el diagnóstico- que su hijo tenía esta característica, le habrían impedido nacer. La mujer habría abortado. Hay un segundo nivel de lectura: a partir de un acto médico fallido que tiene consecuencias de por vida, el Tribunal considera que hay que garantizar unas mínimas condiciones para este niño.

Esta segunda interpretación estaría en línea con la Jurisprudencia del TC cuando apuntaba en su sentencia sobre el aborto que su práctica por razones de malformación del feto se vería reducida en la medida que mejorara el estado de bienestar. Estamos hablando de una sentencia de 1985. De entonces hasta ahora el sistema de bienestar se ha desarrollado en España, pero esto no ha hecho disminuir el aborto eugenésico. Al contrario se ha acrecentado. Y la nueva ley que lleva esta práctica tan querida de los nazis al paroxismo todavía lo acentuará más. Hay una política contraria, como mínimo, al sentido de la jurisprudencia constitucional

Que las instituciones de gobierno y buena parte de la sociedad andan desnortadas lo muestra la sentencia. El derecho a vivir genera un coste y el derecho a matar al no nacido es subvencionado de manera absoluta hasta convertirlo en un acto técnicamente gratuito. Es decir, se produce otro coste. La madre de este niño que se salvó por error afirma que con esta mensualidad ella alcanza una mayor tranquilidad porque un niño de estas características genera un sobrecoste. Es una forma con espíritu contable de contemplar el valor de una vida humana. Hay otras madres que asumen con alegría un hijo en estas condiciones, y después de tenerlo se preguntan cómo responder a sus necesidades. Pero, planteadas así las cosas, la política correcta sería otorgar una pensión vitalicia de 1.500 euros mensuales a cada niño con síndrome de Down. Esta aportación asumiría todo el conjunto de ayudas dispersas que ahora existen y, por consiguiente, su coste para el erario público sería menor al monto agregado de aquella cifra. De esta manera, mantener a un niño en estas condiciones, gozando de una ayuda del Estado, no sería fruto de un error médico sino una consecuencia de un sistema de bienestar que sólo se justifica si protege a los más débiles. Y esto todavía se puede redondear más creando una figura fiscal para aquellas personas que sin tener ningún impedimento natural no tuvieran hijos a partir de los 30 años.

Se trataría en definitiva de una política de fomento de la natalidad que tendría como fin no tanto la penalización como la obtención de recursos para establecer más y mejores ayudas para las familias con hijos.

Este planteamiento se fundamenta en una razón de justicia distributiva. Son estas últimas familias las que llevan nuevos seres humanos al mundo, las que hacen posible la existencia del sistema público de pensiones, ahora en una situación tan crítica. Hacen un servicio a la comunidad. En contrapartida, los que no lo hacen se benefician del sistema sin haber realizado la aportación necesaria para su sostenibilidad. Este argumento si se tratara de un sistema de capitalización no tendría lógica: cada palo aguantaría su vela. Pero, en uno de reparto, como es el nuestro, la lógica es la de los hijos. Ahora se produce la paradoja de que quien no los tiene se beneficia doblemente. Por una parte por la razón apuntada antes y por otra porque el ahorro en el coste de los hijos le permite llevar a cabo un plan privado de pensiones.

¿Qué sentido tiene mantener una injusticia de efectos perversos para todos?

 

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