Familia y Educación

Matrimonio homosexual: el altar de Moloc

Escrito por Ignacio Sagarra Renedo.- Jurista. Publicado en Familia-Matrimonio-Vida Conyugal.

La aprobación por el Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley de modificación del Código Civil con el objeto de que puedan casarse entre sí personas del mismo sexo, incluyendo la posibilidad de adoptar niños, ha abierto un gran debate social en el que se discute el acierto o desacierto de la medida. Los partidarios de la misma sostienen, de una forma verdaderamente superficial, un argumento que tiene la virtud de un eslogan: todos somos iguales, luego si un hombre y una mujer pueden casarse, también debe permitirse que lo hagan entre sí dos hombres o dos mujeres. Y añaden, con similar lógica igualatoria, que una vez casados, han de concedérseles idénticos derechos que a cualquier matrimonio, y, por tanto, la adopción.

 

¿Y por qué el Derecho se ocupa de esa unión, revistiéndola de todo el ropaje jurídico que transforma a unos novios en marido y mujer? ¿Por qué algo tan íntimo como el amor de un hombre y una mujer se rodea de una normativa jurídica que le confiere un indudable carácter público? Porque ese amor va a generar unos hijos y, por tanto, una nueva familia, con las innumerables consecuencias parentales, sociales, económicas, etc..., que ello comporta. Es decir, la base del matrimonio como institución jurídica no es tanto el amor de los cónyuges -que antaño incluso no tenía prácticamente relevancia-, cuanto la familia formada a partir de los hijos engendrados por ellos.

¿Y por qué el Derecho se ocupa de esa unión, revistiéndola de todo el ropaje jurídico que transforma a unos novios en marido y mujer? ¿Por qué algo tan íntimo como el amor de un hombre y una mujer se rodea de una normativa jurídica que le confiere un indudable carácter público? Porque ese amor va a generar unos hijos y, por tanto, una nueva familia, con las innumerables consecuencias parentales, sociales, económicas, etc..., que ello comporta. Es decir, la base del matrimonio como institución jurídica no es tanto el amor de los cónyuges -que antaño incluso no tenía prácticamente relevancia-, cuanto la familia formada a partir de los hijos engendrados por ellos.

 

El matrimonio -figura jurídica de derecho privado con notorias repercusiones públicas y sociales- se perfila así como una refinada creación del derecho que sujeta a norma la unión vital de un hombre y una mujer en cuanto generadora de una familia. La sociedad trata así de dar seguridad a tal unión como garantía de estabilidad de la familia que de ella surja. Se crea, en definitiva, un marco normativo en el que se favorece, no sólo la mutua convivencia y ayuda entre los cónyuges, sino especialmente la crianza y educación de la prole, aspecto éste de capital importancia para el bien común de la sociedad. En consecuencia, el matrimonio, así configurado históricamente, tiene su razón de ser en la familia y, por tanto, en los hijos. Por eso es una propiedad esencial del mismo que sólo pueden contraerlo un hombre y una mujer, porque son quienes los engendran.

Excusamos decir que la conclusión anterior no queda desvirtuada por el hecho de que algún matrimonio no pueda tener descendencia. Aunque esto fuera así, potencialmente los cónyuges tienen la capacidad de ser padre y madre. Tanto es así que mediante la adopción cabe suplir la carencia de lo que naturalmente les correspondería. Al respecto, debe rechazarse -por falaz- la alegación de que también las parejas del mismo sexo que se casaran podrían adoptar, pues se utilizaría una consecuencia lógica del matrimonio entre hombre y mujer -la lógica posibilidad de adoptar- para justificar el acceso al mismo de quienes no lo son.

Desde el punto de vista jurídico, pretender aplicar la institución del matrimonio, secularmente reguladora de la unión de hombre y mujer, a personas del mismo sexo sería tanto como que se permitiera transmitir bienes, en vida, mediante testamento, o como que se inventaran las donaciones no gratuitas. La ley que pretende impulsar el Gobierno supondría arrancar de cuajo los cimientos de la institución jurídica matrimonial, con gravísimo daño de la misma. Si lo que se intenta es sujetar a norma las uniones de personas de igual sexo, hágase como se quiera, pero no utilizando la figura del matrimonio.

El camino emprendido por el Gobierno socialista no es solamente un dislate normativo que pugna con la naturaleza jurídica del matrimonio, sino que contradice claramente la Constitución, cuyo artículo 32.1 reza así: «El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica». Una recta interpretación de este precepto lleva a la conclusión de que el matrimonio en él contemplado es entre hombre y mujer. Si no, hubiera usado la fórmula empleada en los demás artículos del título 1, relativo a los derechos y deberes fundamentales: los españoles, todos, toda persona o los ciudadanos... tienen derecho a contraer matrimonio. ¿Qué sentido tiene que el único lugar en que la Constitución diferencia sexos sea el precepto regulador del matrimonio, sino consagrar la natural y plurisecular norma que lo hace propio del hombre y la mujer?

Pero es aún más grave que la manifiesta inconstitucionalidad de la ley que se pretende aprobar y que el irreparable daño que se haría a la institución matrimonial con ella, la terrible situación en que quedarían los niños que fueran adoptados por personas del mismo sexo «casadas» bajo su cobertura. Es ocioso gastar tinta en explicar las incontables razones que asisten a la mayoría de españoles para considerar absolutamente inaceptable tal adopción: los menores quedarían privados del pilar básico sobre el que se asienta la educación de un niño: el amor de un padre y de una madre, que nada en este mundo puede suplir. Hasta un huérfano quedaría en mejor situación, pues siempre podría tener el referente ideal del padre o madre que perdió. Pero los menores adoptados al amparo de tan inicua ley quedarían siempre inermes ante un muro sin respuestas. Tal ley sería contraria a la dignidad humana de los niños, anterior a cualquier constitución o ley. Pero además vulneraría preceptos básicos de nuestra Constitución, como el artículo 10 (dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad), el 14 (principio de igualdad, pues esos niños ya no serían iguales a los demás), el 15 (derecho a la integridad moral), el 27 (derecho a una educación que tenga por objeto el pleno desarrollo de la persona humana) y el 39 (protección integral de los hijos).

Ante tal cúmulo de despropósitos, el proyecto del Gobierno únicamente puede comprenderse por la deliberada intención de promocionar, a toda costa, la homosexualidad. Lo cierto es que no sólo son inaceptables los medios, sino que la discutible finalidad buscada no se conseguirá, pues socialmente nunca se reconocerá como verdadero matrimonio un casamiento de tal género, haciendo buenos los refranes de la mona y la seda, y del hábito y el monje.

Si la justicia fue clásicamente definida como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, este proyecto es todo lo contrario. Porque no es justo lesionar el bien común y desfigurar la institución del matrimonio, equiparando la unión del hombre y la mujer, fructífera a base de la familia, con la estéril unión de dos personas del mismo sexo. Y porque no hay derecho a condenar a quienes comienzan a vivir a que no puedan decir, con gozo y sin engaño, papá y mamá. Personas que nunca comprenderán al salmista al proclamar «cuan benigno es un padre para sus hijos, tan compasivo es Dios para los que le temen», o que jamás entenderán aquellos versos de Pemán: «A una madre se la quiere/ siempre con igual cariño / y a cualquier edad se es niño/ cuando una madre se muere».

El llamado matrimonio homosexual que proyecta el Gobierno es una nueva versión del denunciado por el profeta Jeremías altar del dios Moloc, que además de ser falso, exigía en su honor el sacrificio de niños.

(Publicado en ABC de Madrid el  29-10-04)



Esta forma de discurrir ha calado en parte de la sociedad por su repetición y simplicidad, favorecida por la cada vez menor capacidad crítica de los españoles. Aun así, una mayoría de ellos se muestra contraria al llamado matrimonio homosexual, si bien, en ocasiones, su oposición al mismo se limita a alegar con rotundidad que es de sentido común que para casarse hay que ser hombre y mujer.

Lo cierto es que la postura favorable a que el matrimonio es propio únicamente del hombre y la mujer entre sí -marido y mujer- tiene apoyo no sólo en el buen juicio natural de las personas, sino en profundos argumentos de toda índole: antropológicos, religiosos, morales, éticos, sociales y -lo que ahora más nos interesa- jurídicos. Estos últimos pueden resumirse así: una ley que consintiera casarse a personas del mismo sexo sería injusta, porque permitiría aplicar la figura jurídica del matrimonio de modo contrario a su sustancia, pervirtiendo con ello su fin propio, y dañando, en consecuencia, al bien común.

El matrimonio es una institución jurídica de hondas raíces en la civilización cristiana occidental. Su historia, en España y en Europa, abarca desde el derecho romano a los modernos códigos civiles de corte napoleónico, pasando por los derechos germánicos y, especialmente, por el derecho canónico de la Iglesia. En todas estas regulaciones el matrimonio se configura como la unión de un hombre y una mujer con la finalidad de constituir una permanente comunidad de vida, llamada familia.

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