Sociedad

El laicismo que viene

Escrito por Fernando Sebastián Aguilar, Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela. Publicado en Laicismo-laicidad.

El señor presidente del Gobierno nos anuncia leyes «progresistas, laicas y modernas». ¿Qué son leyes progresistas? Y ¿cuáles son las verdaderamente modernas? Esto de ser más o menos moderno es muy relativo y no da garantías de nada. Tan moderna es la bomba atómica como la Sociedad de Naciones. Parece más bien que lo que nos interesaría a los españoles es que el gobierno promoviera leyes inteligentes, prácticas, justas, capaces de favorecer verdaderamente el bien auténtico y general de los españoles. En principio, todas las leyes que salen del Parlamento son leyes laicas, es decir, promulgadas por una autoridad civil, no sagrada, sin ninguna pretensión trascendente. El Parlamento no es el Sinaí, afortunadamente. Leyes laicas son también las que proceden de una mentalidad laica, o más bien laicista


 

Según esto, al prometernos leyes laicas, el señor presidente puede estar anunciando leyes que no tengan en cuenta la ley de Dios, ni las exigencias de la moral natural, leyes que favorezcan la concepción laica de la vida, según la cual no hay ningún ser creador, sino que somos hijos del azar, y por tanto dueños absolutos y únicos responsables de nuestra existencia, sin que pueda haber ningún valor absoluto ni tengamos que dar cuentas de nada ante nadie. Estamos solos en el mundo y entre todos tenemos que ir modelando nuestra humanidad como mejor nos parezca. No hay referencias morales que orienten nuestra vida, la opinión pública, el consenso, y en última instancia la conveniencia de los grupos más influyentes son las únicas fuerzas que de verdad rigen nuestra vida. No tenemos raíces firmes ni rumbos orientadores.

 Amordazar las conciencias 

Parece que nuestros gobernantes consideran un bien importante para España y para los españoles el ir prescindiendo de cualquier influencia religiosa en las leyes y, por tanto, en la configuración de las relaciones sociales entre nosotros y de los bienes que en nuestra convivencia podamos encontrar. Quieren una España laica, en la que la religión sea, a lo más, una afición privada de algunos ciudadanos, tolerable sólo en la medida en que no pretenda aparecer ni ser tenida en cuenta en la vida pública, en las leyes, en la cultura, en los comportamientos, en los usos y costumbres, en los criterios morales y normativos de nuestras conductas. No se trata sólo de impedir que los eclesiásticos influyan en la vida política, se trata más bien de que no influyan tampoco las convicciones religiosas de nadie, ni siquiera de los políticos. Esto es tanto como amordazar las conciencias, destruir la fuerza vital de la religiosidad y de la fe.

Ante este propósito a los creyentes se nos presentan muchas dificultades. Las leyes tienen que responder al conjunto de la sociedad, a la voluntad y a las creencias de los ciudadanos, y no a las opiniones particulares de los gobernantes. Un gobernante puede ser ateo, como un partido puede ser partidario del agnosticismo, pero no tienen por qué tratarnos a los demás como si también lo fuésemos, y menos todavía utilizar los recursos del poder político para convencernos de su ateísmo. Tampoco sería justo lo contrario. Si en España hay treinta millones de ciudadanos que creen en Dios ¿es justo que a la hora de legislar no tengan en cuenta nuestras creencias y sí tengan en cuenta únicamente las creencias de los demás? Eso no es gobernar para el bien de todos.

La fe, parte esencial 

Y yendo más al fondo de la cuestión, hay que preguntar por qué la fe de cada uno no puede influir en sus concepciones o actuaciones políticas. En la sociedad democrática cada uno puede manifestarse como es, todos somos iguales ante las leyes y todos tenemos el mismo derecho a intervenir en la vida pública según nuestras propias convicciones, respetando los derechos y la libertad de los demás. La fe religiosa es parte esencial de la mentalidad del creyente y de la cultura de los pueblos. No se puede actuar como si no existiese, ni se la puede recluir a la vida puramente privada, sin mutilar la vida real de los ciudadanos, sin perturbar el patrimonio cultural de la sociedad, sin traspasar los límites y las atribuciones de una autoridad justa y justamente ejercida.

Recientemente el señor presidente nos ha dicho que él no permitirá que nadie imponga a los demás sus creencias morales. Afirma que él respeta el orden moral, pero que el orden cívico se regula por ley en el Parlamento. Frases contundentes. Pero a lo mejor esta contundencia es más aparente que real. Porque no se trata de imponer las creencias morales de nadie, sino de exigir a los legisladores que, por el bien de los ciudadanos, respeten en sus actividades legislativas, las exigencias de un orden moral objetivo, inscrito en la naturaleza del hombre y formulado suficientemente por la recta razón a lo largo de la historia. Es cierto que el orden cívico se regula por ley en el Parlamento. Nadie lo discute. Pero los parlamentarios no son creadores del bien y del mal, no pueden legislar como les convenga, si quieren ser justos tienen que actuar según una ley moral superior y anterior al Parlamento, que fundamenta objetivamente los derechos de los ciudadanos a cuyo bien general las leyes deben ordenarse. Sin el respeto al orden moral objetivo la mejor democracia degenera en tiranía.

Por otra parte, la mentalidad laicista no tiene legitimación ni teórica ni práctica.

Teóricamente la existencia de Jesucristo y la validez de su testimonio sobre la existencia y la providencia misericordiosa de Dios tienen tanto fundamento, al menos, como la opinión contraria. En una sociedad donde haya cristianos y no cristianos, creyentes y ateos, un gobierno, que quiera ser justo con todos los ciudadanos, no puede identificarse con ninguna de las dos partes. La confesionalidad religiosa y católica no puede ser sustituida por la confesionalidad contraria de la militancia atea. El progreso no consiste en sustituir una confesionalidad por otra, sino en adoptar el camino de la no confesionalidad, bien entendida y lealmente aplicada, como neutralidad positiva del gobierno en materia religiosa. Si nadie puede imponer un orden moral objetivo, ¿es que el gobierno laicista puede imponernos su permisivismo moral? ¿Es que van a ser los grupos de presión los que determinen los criterios y las actuaciones del Parlamento?

No es progresista 

Dicho con todo respeto, los cristianos pensamos que este propósito de gobernar con leyes laicas no tiene fundamento teórico serio, ni es verdaderamente progresista, sino que supone un retroceso a tesis y formas ya superadas. A muchas personas, incluso a algunos cristianos, les parece normal que las actividades religiosas de los ciudadanos no se puedan financiar con fondos públicos. Es cierto que las actividades religiosas no son de todos, pero tampoco lo son el deporte, ni el teatro, ni el cine, ni otras muchas cosas que se financian con dinero público sin que nadie lo discuta. Volvemos a la misma cuestión de siempre, el Estado y la autoridad política tienen que aceptar sinceramente que la fe religiosa es un derecho de los ciudadanos, cuyo ejercicio cualifica la vida y las actividades de la persona, enriquece el patrimonio cultural de la sociedad y facilita la convivencia justa y pacífica de los ciudadanos. O dicho de otra manera, el ejercicio de la libertad religiosa de los creyentes forma parte del bien común que el gobierno debe proteger y fomentar. Si esto es así, ¿por qué hay que ignorarla y dejarla fuera de la actuación positiva del gobierno en igualdad de condiciones con otras muchas actividades espirituales y culturales de los ciudadanos? ¿Por qué hay que excluir la enseñanza de la religión en el programa escolar? ¿Por qué hay que prohibir los signos religiosos en los centros públicos y comunes? ¿A quién ofenden? ¿A quién hacen daño? Ojalá nuestros gobernantes encuentren tiempo para pensar un poco más en estas cuestiones. 

Seguramente el señor presidente se refería a leyes elaboradas, aprobadas y promulgadas con una visión laica de la sociedad y del hombre, es decir, sin referencia a Dios, sin tener en cuenta la ley de Dios, incluso sin tener en cuenta la fe en Dios que puedan tener algunos ciudadanos, pocos o muchos. Eso sería tanto como anunciarnos leyes discriminatorias, que se ajustan a la mentalidad de unos y no tienen en cuenta la mentalidad de otros, que favorecen a los que no creen en Dios e ignoran a los que sí creen en Él y quieren vivir de acuerdo con su voluntad.