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“La mentalidad totalitaria defiende que ganar unas elecciones da derecho a imponer a los ciudadanos el código moral que prefiera el poderoso"

“La laicidad positiva se traduce en nuestra Constitución en un mandato a los poderes públicos para que cooperen con las confesiones religiosas, y para que esa cooperación sea la consiguiente a las creencias presentes en la sociedad y no la que prefiera quien ocupa transitoriamente el poder”

Fátima Martínez en Análisis Digital

Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (*), acaba de sacar a la luz una obra titulada “Un estado laico. Libertad religiosa en perspectiva constitucional” (ARANZADI 2009), donde amplia algunos conceptos abordados anteriormente.

En esta publicación, Ollero pretende dar respuesta a la gran cuestión que vive hoy España: ¿Es o no un estado laico? ¿Hacia dónde nos lleva la ruptura entre el poder político actual y la religión católica? ¿Cómo se está produciendo este “laicismo de Estado"?

¿En qué difiere esta nueva edición de su obra “Un estado laico. Libertad religiosa en perspectiva constitucional” de la versión publicada en el año 2005 de igual título? ¿Cómo han evolucionado los límites de la Libertad Religiosa desde entonces?

Han saltado a la escena cuestiones novedosas, como las relacionadas con la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”; se ha reactivado de rebote el ya viejo debate sobre el estatuto jurídico de la objeción de conciencia.

Estos problemas ya abordados han seguido complicándose, hasta justificar la entrada en juego del Tribunal Constitucional, como la situación de los profesores de religión.

Aspectos pacíficos parecen comenzar a enconarse, a juzgar por algún que otro conflicto sobre la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos.

Nada tiene de extraño que todo ello se haya traducido en un libro cuantitativamente casi nuevo, al pasar de 211 a 332 páginas y de 363 a 656 notas, incrementándose el número de sentencias del Tribunal Constitucional comentadas y casi duplicándose el de publicaciones a cuyo contenido he debido hacer referencia.


¿Cuál es el objetivo fundamental del libro?

Analizar los problemas planteados por la tensión entre la laicidad positiva, que según el citado Tribunal caracteriza a nuestra Constitución, y los intentos de imponer un laicismo, que sustituye la cooperación con las confesiones por un afán de presentarlas como contaminadoras y perturbadoras de la vida pública.


¿Cuál es el laicismo auspiciado por nuestro Gobierno y por qué se caracteriza especialmente en España respecto a otros países?

Creo que es fruto de una mentalidad que considera la influencia pública de lo religioso como poder. Esto alimenta una querencia totalitaria que, cerrada como es lógico a compartir el poder, tiende a pensar que ganar unas elecciones da derecho a imponer a los ciudadanos el código moral que prefiera el poderoso.

En un Estado respetuoso con las libertades es la sociedad la que decide qué código moral prefiere asumir y los poderes públicos lo respetan, porque su función es solucionar problemas políticos y no adoctrinar moralmente a la ciudadanía.


¿Podría distinguirnos los términos laicidad y laicismo? ¿Cómo conseguir la anhelada laicidad positiva?

Laicidad equivale a mutuo respeto entre instancias políticas y religiosas, de manera que cada una realice en beneficio del mismo ciudadano sus funciones. El laicismo pretende expulsar lo religioso de la vida pública.

La laicidad exige que los poderes públicos consideren las iniciativas religiosas como algo no menos socialmente positivo que las culturales o las deportivas.

La laicidad positiva se traduce en nuestra Constitución en un mandato a los poderes públicos para que cooperen con las confesiones religiosas, y para que esa cooperación sea la consiguiente a las creencias presentes en la sociedad y no la que prefiera quien ocupa transitoriamente el poder.


¿Cómo están actuando los poderes públicos frente a la reforma de la ley de libertad religiosa?

Es todo un misterio, por lo civil... Se ha anunciado una reforma de la ley, pero no hay manera de saber en qué pueda consistir. Parece como si se hubiera preparado un surtido menú de medidas y en su momento, con criterios políticos coyunturales ajenos a exigencias constitucionales, se piense optar por más o menos intervencionismo estatal.


Mientras que se pretenden eliminar las clases de Religión, se promueve la instauración de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ¿qué tipo de valores quieren transmitir a los más jóvenes? ¿Se puede hablar de adoctrinamiento totalitario?

No creo que se pretendan eliminar las clases de religión, porque la Constitución sigue en vigor y el libro demuestra que el Tribunal Constitucional la defiende con firmeza. A la Educación para la Ciudadanía dedico treinta páginas del libro, que no me sería fácil resumir. Si se entra a desarrollar los valores constitucionales éstos exigen un tratamiento plural, como el Parlamento pone todos los días de relieve.

Dar por hecho que hay una sola versión, como documento que hacen los defensores del invento, canta bastante.


¿Por quiénes pueden ser amparados los objetores de conciencia de Educación para la Ciudadanía y qué debería hacerse desde el poder legislativo para proteger una auténtica libertad de conciencia?

Dedico también bastante atención al asunto, apoyándome como siempre en la jurisprudencia constitucional. La objeción de conciencia es un derecho constitucional que exige verse reconocido y no una gracia que los poderes públicos puedan conceder cuando les parezca oportuno.


A qué se refiere exactamente en el último capítulo de su libro cuando escribe sobre “Un laicismo autoasumido”

Son más de quince páginas... Reflejan que hay algo que me preocupa más que el laicismo, que pretende mandar a los creyentes a las catacumbas, y es que los creyentes se autoconvenzan de que no pueden actuar como tales en el ámbito público, renunciando así a ejercer uno de los derechos fundamentales más decisivos en una democracia.

Publicado en Análisis Digital

(*) Andrés Ollero, miembro del Consejo Asesor de AGEAnet, es Académico de número de la Real de Ciencias Morales y Políticas, Académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada y Académico Correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias, Sociales, Políticas y Morales. Es miembro de la Internationale Vereinigung für Rechst und Sozialphilosophie (IVR), de la Sociedad

Española de Filosofía Jurídica y Social, así como de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo. Ha promovido la Fundación "Ciudadanía y Valores" de la que es Presidente.

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