Sociedad

Una nueva escalada hacia el laicismo

Publicado en Laicismo-laicidad.

La futura ley puede ser una oportunidad para proteger la objeción de conciencia, ampliar la posibilidad de asistencia religiosa a otras confesiones o restringir la proliferación de mezquitas o iglesias en garajes; pero también puede convertirse en un nuevo y peligroso avance en la escalada laicista del actual Ejecutivo. ¿Cuáles son los puntos más susceptibles de cambio en la actual legislación? Y lo más importante: ¿cuál es el pensamiento al respecto del encargado de llevar a cabo la reforma, el actual director general de Relaciones con las Confesiones?

El Gobierno está decidido a cambiar la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LORL), que data de 1980. Su razón es clara y es que, en palabras de María Teresa Fernández de la Vega, hay que adaptar la normativa “a la España de hoy y al pluralismo religioso”. Una convicción que, sin embargo, apenas comparten los propios implicados. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Antonio M.ª Rouco, ha defendido en varias ocasiones que “la actual, es una ley muy buena” y que no entiende “a qué viene entonces este cambio”. En términos parecidos se ha expresado Jacobo Israel, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, quien asegura que “esta ley no la hemos pedido las minorías”, y Jorge Fernández Basso, director de comunicación de FEREDE –la entidad que agrupa a las iglesias evangélicas españolas–, que a la pregunta de este medio ha subrayado que “los protestantes españoles no hemos solicitado una nueva ley”. La única posición que justifica la necesidad de una reforma la encontramos dentro de los musulmanes españoles: “La sociedad española ha cambiado en los últimos años y en el mapa actual hay otras religiones que tienen que ser recogidas por la legislación”, sostiene Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE).

¿ES NECESARIO UN CAMBIO DE LEY?

Entonces, ¿es necesaria una nueva ley aun cuando el Gobierno ha reconocido que el cambio no responde a una demanda social?, o ¿se trata de una nueva vuelta de tuerca en la escalada laicista que ha caracterizado a este Ejecutivo desde que llegó al poder? Lo cierto es que la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR) es un texto tan breve que apenas ocupa una página del BOE, en él no se nombra explícitamente a ninguna confesión, y presenta un marco legal tan genérico que, como explica Fernández Basso, “para corregir muchos asuntos que no quedaban debidamente resueltos, hubiera bastado con la aprobación de una serie de disposiciones legales complementarias”. Incluso, recuerda Jacobo Israel, “en Francia tienen la misma ley de libertad religiosa desde 1905 y se adaptan a los tiempos con nuevos reglamentos, no cambiando la ley”. ¿Por qué entonces la insistencia de Gobierno en el cambio? Y, sobre todo, ¿qué novedades podría aportar?

No es fácil responder a estas preguntas. El contenido de la nueva LOLR se ha convertido en uno de los arcanos más insondables del actual Gobierno socialista. “Se trata de una nueva ley, pero algo fantasmal, pues nunca se ha hecho público ni un anteproyecto o, al menos, un borrador”, señala el catedrático de Derecho y secretario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Rafael Navarro-Valls. Un planteamiento que comparten los representantes de las diferentes confesiones, que reconocen contactos con el Ejecutivo, pero todavía no conocen los contenidos.

Así, sin borradores ni filtraciones, la única forma de anticipar esta reforma es fijando la mirada en las personas encargadas de llevarla adelante. Y la pieza clave entre ellas es José María Contreras Mazarío, actual director general de Relaciones con las Confesiones. Una figura más importante todavía si tenemos en cuenta que Contreras, como catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, y colaborador de la Fundación Alternativas –uno de los principales “think tanks” del socialismo español– ha sido autor de varios estudios que parecen estar marcando la hoja de ruta de estas reformas. Es precisamente en uno de ellos, “Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas”, realizado en 2007, donde Contreras va desgranando los que podrían ser los posibles cambios. El informe parte del supuesto de que la “laicidad se convierte en un ingrediente nuclear para la consecución de los fines del Estado social y democrático de Derecho”. Toda una declaración de principios para satisfacer al más avezado laicista.

LA IGLESIA EN EL EJÉRCITO

Fuerzas Armadas, prisiones y hospitales son las instituciones públicas donde mejor se evidencia la necesidad de colaboración entre el Estado y las confesiones para que los ciudadanos puedan practicar con libertad sus creencias religiosas. Aunque el informe reconoce este derecho a las personas dependientes del Ejército o internadas en centros públicos como prisiones u hospitales, plantea como ideal, en aras de “preservar el sistema de laicidad”, que esta asistencia religiosa se hiciera de modo “externo”. Es decir, que militares, reclusos y enfermos acudieran al templo más cercano del cuartel, la cárcel o el hospital para “el cumplimiento de sus deberes religiosos”.

De llevarse a cabo la medida, la Iglesia católica vería cómo desaparece el arzobispado castrense, toda la pastoral penitenciaria y buena parte de la que se desarrolla en hospitales. Porque a pesar de que los acuerdos firmados por el Estado con protestantes, judíos y musulmanes recogen la posibilidad de que también tengan presencia en estos espacios públicos, estas confesiones todavía no han logrado que se desarrolle la forma práctica de implantarlo. Así las cosas, y ante los inconvenientes que una medida extrema podría suponer para garantizar la libertad religiosa, la nueva ley podría ir encaminada no tanto a restringir sino a facilitar el acceso de otras confesiones, y en breve podemos conocer a los primeros imanes castrenses, capellanes evangélicos o la implantación de la pastoral penitenciaria judía.

ALCALDES Y PROCESIONES

A nadie sorprende en España que los alcaldes participen en las procesiones u ocupen un lugar destacado en la misa mayor de las fiestas patronales. Tampoco que el Ejército o la Guardia Civil rindan homenaje a la Virgen. Incluso hemos visto a algún consejero autonómico romper el Ramadán junto a los fieles musulmanes. De hecho, el Tribunal Constitucional ha dictaminado en varias ocasiones que la neutralidad del Estado “no impide a los poderes públicos la celebración de festividades religiosas o la participación en ceremonias de esa naturaleza”. Incluso en casos como el del sargento de un cuartel de Valencia, que denunció a sus superiores tras sancionarle por negarse a participar en los actos de homenaje de la Virgen de los Desamparados que desde 1810 ostenta el grado de Capitana Generala, el Alto Tribunal siempre ha sostenido que esta participación no vulnera la aconfesionalidad que establece la Constitución.

Sin embargo, el actual director general de Relaciones con la Confesiones no comparte esta doctrina. En su informe propone que las autoridades públicas sólo puedan participar “de forma individual” y siempre que “se evite trasladar a la ciudadanía la idea de unión entre lo público y lo religioso”. Por lo que, de llevarse adelante esta propuesta, habría que empezar a acostumbrarse a una Semana Santa donde la Legión no saque en procesión a su Cristo, una ofrenda al Apóstol Santiago sin un representante de la Casa Real o una misa de la Almudena sin Alberto Ruiz Gallardón.

AYUNTAMIENTOS SIN BELENES

Similar criterio muestra Contreras ante la presencia de símbolos de carácter religioso, como imágenes de santos y vírgenes, “en los actos organizados por los poderes públicos” o en los edificios dependientes del Estado. El informe sostiene que deben ser eliminados, porque su presencia es “contraria a los principios constitucionales”. Así, un belén navideño, un cuadro religioso o un crucifijo en el interior de un ayuntamiento podrían impregnar “de su significado a cuantas personas se encuentren en el recinto público, sin permitir diferenciación alguna para la personas que profesen otras creencias o convicciones”. En esto, hay excepciones como cuando el “símbolo aparezca unido inescindiblemente al edificio público”, o se haya “transformado en un elemento cultural o histórico”, algo nada excepcional si tenemos en cuenta que muchos organismos públicos ocupan iglesias o conventos que un día fueron desamortizados.

NO “ADOCTRINAR” CON EL HÁBITO

Resulta un tanto paradójico que una de las cuestiones en las que Francia ha hecho mayor hincapié para tratar de preservar el sentido laico de la escuela, en la propuesta de Contreras, quede bastante diluida y desdibujada. Nos referimos al uso de vestidos o símbolos religiosos en los docentes y alumnos de las escuelas públicas. Mientras en Francia está prohibido el uso del shador para las alumnas musulmanas, la kipá para los judíos o los crucifijos de grandes dimensiones para los cristianos, la propuesta española los acepta con gusto aduciendo que se trata de “una manifestación de sus derechos a la libertad religiosa, a la identidad cultural y a la propia imagen”.

La única excepción se plantea en el caso de los docentes, que sólo podrían portar estos símbolos en niveles educativos superiores para evitar que a través de ellos “se adoctrine o influya” en las creencias de los alumnos que no sean suficientemente maduros. ¿Se atreverá el Gobierno a pedir que una monja deje su hábito o un sacerdote su clergyman para ejercer como profesores?

¿Qué ocurre en otros países?

En Dinamarca, Suecia o Finlandia, las respectivas ramas protestantes siguen siendo consideradas iglesias nacionales, y el Estado es el encargado de nombrar y mantener a sus pastores, sin que esto suponga ningún problema para la ejercer la libertad religiosa del resto de confesiones. De igual forma, en Grecia, la Ortodoxa es reconocida por la Constitución como Iglesia oficial con un estatus jurídico de corporación de derecho público, mientras que en Gran Bretaña la Reina sigue siendo la máxima autoridad de la Iglesia anglicana. Países como Italia, Irlanda, Portugal, Alemania o Bélgica mantienen una relación del Estado con las confesiones religiosas similar a la que actualmente se da en España, privilegiando también, en la mayoría de los casos, a la Iglesia católica, dada la importancia histórica que ha tenido en estos territorios. Incluso en países como Estados Unidos, nadie se plantea como un problema que el presidente jure su cargo ante la Biblia. Hasta en Francia, el único país europeo que consagra por ley la laicidad del Estado, el propio Sarkozy ha reconocido que “para las democracias sería una locura privarse de las religiones”.

APROVECHAR LA OPORTUNIDAD

Para el académico Navarro-Valls, un Gobierno que quiera ser respetuoso con la libertad religiosa sólo tiene dos caminos: “Archivar la idea de una nueva ley, sin demanda social y llena de inconvenientes”, o mantener la reforma “pero con la idea de potenciar aún más la libertad religiosa”.

Una de las iniciativas que ha anunciado José María Contreras es que la nueva ley debería contar con una “previsión de espacios dotacionales para los lugares de culto”. Una medida que debería acabar con la proliferación de mezquitas o iglesias cristianas ubicadas en garajes y bajos que no reúnen las mínimas condiciones higiénicas y de seguridad.

Podría resolverse la carencia de cementerios adecuados a las confesiones minoritarias y ritos funerarios. Una cuestión que ya aparece recogida en los acuerdos firmados con el Estado, pero que muy pocos ayuntamientos han desarrollado.

Uno de los objetivos de la nueva ley será establecer un “estatuto jurídico que regule la situación de los ministros de culto”. Habría que esperar que ese apartado fuera más allá de una simple vía para que pastores, imanes o rabinos puedan cotizar a la Seguridad Social al igual que lo hacen los sacerdotes católicos, y estableciera unos requisitos que garantizaran una formación académica de los ministros de culto, un mínimo conocimiento de la cultura española o que las prédicas se hagan en las lenguas oficiales.

La ley podría incidir en que la libertad religiosa no pueda argumentarse para justificar conductas discriminatorias, como la poligamia, o degradantes, como la ablación.

Navarro-Valls sugiere que “la nueva ley podría ampliar la posibilidad de celebrar acuerdos con el Gobierno, también a las confesiones religiosas ‘sin notorio arraigo’; insertar una declaración amplia de protección de la objeción de conciencia, ampliar la posibilidad de asistencia religiosa a todas las confesiones; mayores beneficios fiscales para las confesiones religiosas; y potenciar la independencia de la actual Comisión Asesora de Libertad Religiosa”. Aunque recuerda que “estos y otros objetivos se pueden conseguir sin necesidad de una nueva ley”.

Estas medidas serían vistas con agrado desde la Iglesia católica, donde obispos como Demetrio Fernández, titular de Córdoba, recuerdan que “toda persona tiene derecho a vivir según su religión, a educar a sus hijos en tales convicciones y a expresar esa fe públicamente”. Porque “antes de que el Gobierno español lo anunciara, lo ha proclamado hace más de 40 años a todos los vientos el Concilio Vaticano II”.