Sociedad

Inmigración en positivo [más allá de las ideologías]

Escrito por Marc Argemi (publicado en “Nuestro Tiempo”). Publicado en Empresa-Trabajo-Inmigración.

¿Se imagina alguien una propuesta sobre inmigración que suscriban diputados de los tres principales partidos, además de sindicatos, empresarios y líderes de todas las religiones?

En el Reino Unido, existe. Se llama Strangers into Citizens. Se presentó públicamente la pasada primavera, con una multitudinaria marcha por el centro de Londres. Empezaron hace apenas un año y sueñan con un cambio cultural que permita debatir los problemas de los inmigrantes en términos distintos a los actuales.

 


Más allá de las grandes cifras, de su impacto en el sistema económico o de los conflictos de convivencia, el drama de la inmigración también se compone de innumerables historias personales. En Londres, un movimiento social abre espacio en la opinión pública pidiendo que, aun cuando el debate se encone, nadie olvide que los inmigrantes tienen nombre propio. Un mensaje pragmático y alternativo, alejado tanto de la ingenuidad como del alarmismo, que está logrando una transversalidad sin precedentes. La campaña se llama Strangers into Citizens y parte de una premisa irrenunciable: el reconocimiento de los inmigrantes como personas, y su contribución a la economía y a la sociedad británicas.

 

Su propuesta es doble. A corto plazo, reclaman al Gobierno una vía para incorporar a la legalidad a los trabajadores inmigrantes extracomunitarios que llevan más de cuatro años trabajando y viviendo en el país pero no cuentan con una documentación que les permita tener acceso a los derechos mínimos que conlleva la ciudadanía. En concreto, se trataría de conceder a este colectivo (bautizado como long-term migrants o migrant workers without rights) un permiso de trabajo de dos años. Al final del periodo, siempre y cuando cuenten con referencias de buena conducta laboral y personal (sin antecedentes penales), se les concedería un permiso de residencia indefinida.

 

Esta “amnistía merecida” (earned amnesty) podría afectar a un número de inmigrantes que se calcula entre 300.000 y 500.000, entre aquellos cuya petición de asilo ha sido rechazada y aquellos cuyo visado ha caducado. Muchos están en el Reino Unido para quedarse, pero viven en una permanente

inestabilidad. La solución no es sencilla: el Gobierno, manteniendo el actual ritmo de deportaciones, necesitaría más de un cuarto de siglo y una fortuna para expulsarlos del país. Además, en muchos casos se trata de personas cuyas vidas estarían en peligro si vuelven a sus países. Los impulsores de la campaña, tras hacer sus cálculos, no ven otra salida que una regularización selectiva.

 

Debate, pero con otro enfoque

Los vientos, por ahora, no soplan en la dirección deseada por esta campaña. Muchos políticos, en Gran Bretaña y en otros países de Europa, temen que –admitiendo a debate propuestas como la amnistía que se propone– sean percibidos negativamente por la opinión pública. La firmeza es un valor en alza, y en materia de inmigración se hace difícil hacerla compatible con una propuesta matizada.

 

No faltan razones que expliquen esta sensibilidad. El crecimiento exponencial del número de extranjeros ha transformado la fisonomía de la sociedad y ha despertado inquietudes entre la ciudadanía local. Representan, aproximadamente, el 8% de la población del país y un tercio de los habitantes de Londres.

 

En esta ciudad, el 90% de los trabajos poco cualificados corren a su cargo. En muchos casos, su llegada responde a situaciones de pobreza, falta de trabajo y de condiciones básicas en el país de origen, con lo que prefieren mantenerse precariamente en Europa antes que volver a un lugar sin esperanza.

 

La inmigración, de todos modos, no es algo nuevo para los ciudadanos del Reino Unido. Algunos estudios cifran entre un 60 y un 70% el porcentaje de ciudadanos que piensan que no hay problemas en la relación con los inmigrantes. La principal dificultad, en el presente, es que los actuales niveles de inmigración llevan a muchas personas a pensar que la Isla se está saturando.

 

Otra percepción, compartida entre la clase trabajadora, es que están siendo perjudicados por estos nuevos trabajadores, dispuestos a hacer el mismo trabajo por menos dinero. Hay, en tercer lugar, quien piensa que los inmigrantes reciben un trato de favor en la distribución de los pisos de protección. El hecho es que, en efecto, los criterios para la asignación de este tipo de vivienda —basados en la necesidad— priman a una familia inmigrante con un niño asmático antes que a un hombre soltero nativo.

 

Como en otros puntos de Europa, este tipo de tensiones están impulsando el crecimiento —también político— de las posturas críticas con el fenómeno migratorio. La inmigración se ha convertido en un debate fácilmente

explicable en términos de conflicto.

 

Muchas de las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación parten del enfoque de “choque” entre culturas y tradiciones antagónicas. En los debates sobre seguridad, la inmigración se percibe como problema; cuando se trata de cohesión social, las diferencias culturales parecen un muro infranqueable. La retórica de algunos partidos asume también esta macroperspectiva, no sin una latente sensación de alarma.

 

Un cambio cultural

El debate en los términos actuales, efectivamente, convierte una regularización en algo incómodo para muchas capas de la población.

 

Precisamente por esto, la campaña de Strangers into Citizens cuenta con un segundo objetivo, más innovador. A largo plazo, quiere “generar un espacio público que permita al Gobierno actuar en inmigración en términos distintos a los que se consideran a día de hoy”, explica Austen Ivereigh, coordinador de la iniciativa.

 

Más allá de si las discusiones públicas tengan o no un fundamento real –que no se discute–, Strangers into Citizens propone iniciar toda discusión desde otro punto de partida: el reconocimiento de los inmigrantes como personas, y su contribución a la economía y sociedad británicas.

 

Se trata de un intento de reformular el debate, proponiendo unas bases alternativas a la lógica de conflicto. Se combina la frialdad y la precisión de los datos con la viveza de las historias personales. Los cálculos económicos que sustentan la propuesta 4+2 (4 años de trabajo más 2 de permiso) tienen un rostro.

 

El de Nick, que procede de la brasileña ciudad de Londrina (pequeña Londres). O el de Yasmin, una israelí-palestina de 33 años que pidió infructuosamente asilo político y ahora, en la clandestinidad, vive no más de cuatro o cinco días seguidos en el mismo lugar. O el de Marie, que huyó de Camerún tras recibir amenazas de muerte de un familiar que la maltrataba. O Liam, George, Abdul, Abid, Saif, Mabel, Besart, Sophie, Dog o Mirza y muchos otros. Aunque por seguridad los nombres son ficticios, las historias son reales.

 

Sus experiencias se pueden leer en: http://www.strangersintocitizens.org.uk/.

 

“Intentamos articular un discurso razonable, lógico, humano, pragmático y popular”, explica Ivereigh. Busca un equilibrio entre las retóricas conservadora y progresista: “La izquierda suele primar el derecho de los débiles por encima de las necesidades de la comunidad, que en la cuestión de la inmigración se traduce la preservación de su propia identidad; la derecha, por el contrario, se suele preocupar más de preservar la identidad propia que de la suerte de los inmigrantes. Lo que intentamos hacer es ir más allá de este choque de visiones y decir: los derechos de los pobres son importantes, sí, pero también hay los derechos de la comunidad y la necesidad de la cohesión social. Lo que estamos diciendo es que la regularización satisface ambos objetivos: no se está renunciando al control de fronteras, sino que se está diciendo que los long-term migrants son de facto ciudadanos, y nuestros compromisos hacia ellos como sociedad deben reflejar los que tenemos hacia un nativo”.

 

Esta reformulación del discurso también implica la adopción de un nuevo vocabulario. Los inmigrantes que pueden beneficiarse de una amnistía son “trabajadores inmigrantes” (migrant-workers) o “inmigrantes honestos” (honest migrants).

 

Como grupo social, que si bien contribuye al progreso económico permanece al margen de la legalidad, son una clase en la sombra (shadow class). Una medida de gracia sería una “amnistía merecida” (earned amnesty) y sólo para los que se la merecen. No son desconocidos (strangers) sino ciudadanos (citizens). Este es el lema de la campaña. En opinión de Ivereigh, “queremos mostrar a la opinión pública que –aunque sean de iure extranjeros– de facto pertenecen totalmente a la sociedad británica”.

 

Madeleine Bunting, de The Guardian, aporta palabras, en cierto sentido, inéditas: “Una esclavitud moderna está floreciendo en Gran Bretaña, y nosotros sólo apartamos nuestra mirada”. El problema es, principalmente, humano: “Estamos deshumanizando medio millón de inmigrantes irregulares, una armada de trabajadores baratos de quienes dependen nuestros estilos de vida”.

 

En un constante juego de equilibrios, intentan evitar la retórica tradicional de la izquierda y de los no-borders (partidarios de la supresión de las fronteras). En sus proclamas también se defienden el control de las fronteras, la necesidad de construir una sociedad más cohesionada y la conveniencia de que se aplique y se refuerce la justicia.

 

Su mensaje se resume en estos cuatro puntos: “Ateniéndonos a los hechos, esta es nuestra propuesta: controlar nuestras fronteras, respetar a los inmigrantes honestos, crear un espacio cívico para actuar políticamente, y los beneficios de una regularización”.

 

Transversalidad sin precedentes

El pragmatismo de la propuesta 4+2, unido a la riqueza de matices del mensaje, ha propiciado a la iniciativa una transversalidad sin precedentes. Ningún partido político puede capitalizar en exclusiva el movimiento, porque, a día de hoy, lo han apoyado explícitamente noventa miembros del Parlamento, entre los que se cuentan diputados laboristas, liberal-demócratas y conservadores.

 

Dos de los mayores sindicatos del país, UNISON y UNITE, suscriben los postulados, que son compartidos al mismo tiempo por algunos empresarios, cuyos negocios están en deuda con estos trabajadores inmigrantes. La Iglesia Católica –una de las principales impulsoras– no está aislada: comparte protagonismo con la Iglesia Anglicana, diversas confesiones protestantes, representantes de la Comunidad Islámica y judíos. Hay también cantantes, activistas sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos de inmigrantes, socialistas y anticapitalistas. Y, claro está, los propios inmigrantes.

 

Las motivaciones de cada uno de los grupos no son necesariamente las mismas. “Mientras que la propuesta atrae a las sensibilidades católicas por su apelación a los derechos humanos, los anglicanos se sienten persuadidos por el argumento de que nuestra propuesta está extendiendo el papel de la ley”, explica Ivereigh.

 

Corinne Lotz, del grupo anticapitalista World to Win, admitía a la BBC que no era algo usual unir fuerzas con la Iglesia Católica. De todos modos, en su opinión “es muy interesante que la Iglesia esté haciendo suya la causa. Es una buena señal, porque muestra que estamos juntos en esta cuestión”.

 

Strangers into Citizens se ha convertido en el punto de encuentro de tradiciones, luchas y grupos distintos. Para llegar allí, cada uno ha tenido que ceder en algo, hasta dar con lo común de todas las inquietudes. Pero sólo la renuncia a posturas maximalistas ha hecho posible que, con la fuerza del consenso, la campaña haya abierto brecha.

 

7M: Día Nacional de Acción

La campaña Strangers into Citizens nació a partir de una pregunta que lanzó el cardenal Murphy-O’Connor, Arzobispo de Westminster, en la misa por los trabajadores inmigrantes que celebró en mayo de 2006, con ocasión del Primero de Mayo, Día del Trabajo.

 

La Catedral se llenó de extranjeros y se visualizó el impacto que la inmigración está teniendo en el rostro de la Iglesia Católica en el Reino Unido. Al mismo tiempo, se hizo patente lo que para los creyentes es una realidad: desde la óptica cristiana, poco importa si alguien es o no ilegal para considerarlo igualmente hijo de Dios, y por tanto merecedor del mismo respeto. Según alguno de sus más directos colaboradores, esa gráfica representación de la “catolicidad” de la Iglesia conmovió mucho al cardenal, que se preguntó si no habría alguna manera de mejorar el estatus legal de estos trabajadores. La pregunta, cogida al aire, tomó forma en el movimiento y en la propuesta del 4+2, y eligió La Fiesta del Primero de Mayo como Día Nacional de Acción y Celebración, que en Gran Bretaña se celebra el primer lunes posterior al día 1.

 

Así, el 7 de mayo de 2007 la variopinta alianza cívica hizo su presentación pública, algo insólita. El programa de actos empezaba a las diez de la mañana, con la Misa de San José Obrero en la Catedral de Westminster, presidida por el cardenal y con plegarias en lituano, rumano, yoruba, portugués tamil, árabe y francés. A las once y media, manifestación, desde la Catedral hasta Trafalgar Square. A las doce y media, show musical y mítines en la plaza. Algunas de las decenas de intervenciones (las suficientes como para dar voz a todos los integrantes del movimiento) fueron a cargo de Muhammad Abdul Bari, del Muslim Council de Gran Bretaña; Rev. Tom Butler, obispo anglicano de Southwark; el diputado laborista Jon Cruddas; la política liberal-demócrata Baroness Williams; el líder sindical Jack Dromey; el cantante Brilly Bragg...; y claro está, el propio cardenal Murphy-O’Connor. Por la tarde, un servicio religioso en la anglicana Westminster Abbey, en agradecimiento por la contribución de los inmigrantes en el Reino Unido.

 

“Corazones que han estado largamente en silencio están encontrando su voz”, afirmaba Austen Ivereigh ante una multitud de unas diez mil personas. Su intervención concluyó con el mensaje central de la campaña: “Las personas nacidas en el extranjero que están entre nosotros no son forasteros sino amigos, no son criminales sino honrados ciudadanos que trabajan duro”.

 

Primeros pasos

Seguramente, los frutos de esta campaña no llegarán pronto. El mensaje de Strangers into Citizens no ha sido percibido todavía con todos sus matices, y no ha logrado, de momento, romper la disposición actual del tablero: su propuesta acoge simpatías, especialmente de la izquierda, aunque cuenta con la oposición férrea del ministro laborista de Inmigración.

 

Se oponen, también, amplios sectores de población local. El 20 de junio, a instancias del laborista Cruddas, la propuesta fue debatida –y rechazada– en la Cámara de los Comunes. La representante del Gobierno, Joan Ryan, también laborista, arguyó que una amnistía no es “necesaria o apropiada”. El lib-dem Jeremy Browne manifestó el temor de que tal medida fuera vista como una forma de “recompensa para los comportamientos ilegales”.

 

Por su parte, el portavoz tory Damian Green afirmó: “Todo el mundo quiere hacer lo moralmente correcto, pero actuar moralmente no significa necesariamente que tengamos que suspender nuestras facultades intelectuales”.

 

En su opinión, esto “anima a una mayor migración ilegal”. No obstante, hay signos esperanzadores. Según un sondeo, el 66% de los británicos estaría de acuerdo en encontrar una solución de legalidad para los inmigrantes que llevan más de cuatro años trabajando en el país y dan muestras de buena voluntad de integración.

 

¿Cuál es el siguiente paso? “Ahora necesitamos encargar una investigación sobre los diferentes modelos de regularización aplicados en Europa, prestando especial atención al español de 2005, con el objetivo de aprender qué funcionó y qué no en cada uno de ellos. Una vez hecho esto, se trataría de evaluar los

costes de esta medida, de modo que seamos capaces de hacer una propuesta detallada para Gran Bretaña. Esto nos permitirá hacer frente a la sospecha de que una regularización representa luz verde para más inmigración ilegal”.

 

Ivereigh señala también que en España los niveles de inmigración ilegal han descendido, en lugar de ascender, desde 2005: “Esta es una lección importante para nosotros. La combinación de un control más estrecho de las fronteras y una regularización es el mejor camino para afrontar la inmigración ilegal”.

 

La apuesta de la Iglesia Católica ante su propio futuro.

Aunque se trata de un movimiento interconfesional, la implicación de la Iglesia Católica ha sido decisiva desde los primeros pasos de Strangers into Citizens. En mayo de 2006, una plataforma ciudadana llamada Citizens acudió al Cardenal Murphy-O’Connor en busca de ayuda para lanzar una campaña de apoyo a los inmigrantes. Eran del parecer de que la Iglesia no podía quedar indiferente.

 

Para conocer mejor qué supone, en concreto, la inmigración para la vida de la Iglesia, la archidiócesis encargó un estudio al Instituto Von Hugel de Cambridge. El informe confirma lo que para algunos era una intuición: la Iglesia está siendo radicalmente transformada por la inmigración.

 

En Londres, los católicos proceden de 70 nacionalidades distintas, con una presencia especialmente notable de ciudadanos del este de Europa y de Latinoamérica. Estos dos grupos son los principales responsables del rejuvenecimiento de la Iglesia: el 65% de los inmigrantes de Europa del Este tiene menos de 35 años, porcentaje que llega al 45,6 en el caso de los latinoamericanos.

 

Para la gran mayoría de estos inmigrantes, la Iglesia es un refugio, “un puerto de esperanza”. El 50% de los encuestados dice ir a la iglesia al menos una vez a la semana. El 13% acude con más frecuencia. Otro 18% va a Misa dos o tres veces al mes. Esto hace que, en Gran Bretaña, los católicos sean ahora la primera confesión en cuanto a práctica religiosa: los inmigrantes son en la actualidad el principal activo para el futuro de la fe católica en el Reino Unido.

 

El estudio también preguntó a los inmigrantes sobre el papel que puede jugar la Iglesia en su propia integración. El 77% cree que es un lugar importante para

integrarse en la sociedad local. Por ejemplo, ayudando en las necesidades básicas, proporcionando orientación para encontrar trabajo o tener asistencia legal, facilitando clases de inglés y apoyo financiero en casos de emergencia.

 

Preguntados sobre qué más podría hacer por ellos la Iglesia, una de las

respuestas más frecuentes era: “Intentar conseguir una amnistía para los inmigrantes indocumentados”.

 

La petición ha sido recogida, especialmente, por el Cardenal Murphy-O’Connor.

El suyo es un grito a favor de una solución justa, sea cual sea la forma que finalmente adopte: en sus palabras no se puede encontrar un apoyo específico a una solución técnica (ni siquiera a la de Strangers into Citizens). En cualquier caso apuesta por todo aquello que contribuya a un trato más digno a los inmigrantes.

 

Esta posición –expresada en la Catedral, en su intervención ante la multitud en Trafalgar Square y en programas radiofónicos– ha cosechado elogios, pero también ha generado duras críticas. Para Ivereigh, no hay alternativa: “La iglesia tiene el deber de alzar su voz donde el Evangelio toca con la política, aun a riesgo de ser malentendida.

 

En este caso, su posición se ajusta a lo que ha sido enseñanza del magisterio”.

El Cardenal Murphy- O’Connor no es el único que ha dado un paso al frente a favor de los inmigrantes.

 

Al otro lado del Atlántico, la Iglesia Católica abandera en México y Estados Unidos la defensa de los derechos de los 12 millones de latinoamericanos que se encuentran en Norteamérica. En 2003 publicaron una carta pastoral conjunta con un título que suena familiar para Strangers into Citizens: «Ya no Somos Extranjeros: Juntos en el Camino de la Esperanza». Pide, también, reformas en las leyes migratorias.