Sociedad

Toro al corral

Escrito por Andrés Ollero Tassara. Publicado en Historia-Cultura-Noticias-Entrevistas.

A los torosA los toros la bravura y el trapío se les supone. Luego, en el redondel puede acabar habiendo un poco de todo. De ahí que el reglamento taurino contemple, para que las hechuras del toro no provoquen un altercado público, que el presidente pueda decidir escarnecerlo destinándolo al matadero; le retirará así los honores de lidia a los que su preclara condición zoológica le daba derecho.

Garzón, «una especie de Gran Hermano, que todo lo escucha y todo lo ve». PABLO RODRÍGUEZ MOURULLO, abogado

A los jueces se les supone imparcialidad y respeto a la legalidad, pero se somete su conducta a control tipificando un específico delito de prevaricación. Nada pues de particular; aunque un viejo colega sevillano, especializado en conseguir que nunca coincida con él, ha llegado a sugerir que estaríamos ante un craso ejemplo de ‘delito imposible’.

La ventaja de la versión taurina radica en que la decisión es unipersonal. El presidente, recabando si lo estima oportuno la opinión de sus asesores, exhibirá o no el pañuelo verde sobre la colgadura del palco y aquí paz y después gloria. La versión judicial me plantea por el contrario alguna perplejidad; no tanto por la existencia del delito en sí como porque pudiera abocar a una ‘condena imposible’.

Como es bien sabido, el artículo 446 del Código Penal incluye la prevaricación entre los delitos contra la Administración de Justicia, entendiendo que se produce en la conducta del «juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta».

La injusticia de la resolución tiene que ver con la ausencia del obligado respeto al principio de legalidad. Claro que, como es bien sabido, el tenor de los textos legales abre inevitablemente un amplio ámbito interpretativo, que se presta a sesuda reflexión sin excluir juegos malabares. Al igual que hay que tomárselo con calma para dilucidar si el toro es cojo de solemnidad o se muestra pasajeramente acalambrado, siempre cabrá discutir si lo previsto para delitos de terrorismo no habría de extenderse a la flagrante comisión de un blanqueo de capitales desde el mismo lugar destinado a expiar el delito; o si es lo mismo pinchar el teléfono al cliente que habla con el abogado que al abogado que habla con el cliente; habría que preguntarle a Alejandro Sanz para aceptar que no es lo mismo…

La función del ‘a sabiendas’ no es sin duda sugerir que se integre a algún siquiatra en el tribunal encargado de apreciar el delito; más bien apunta a que el pasarse la legalidad por la faja haya de ser tan clamoroso que sólo movido el juez por un decidido propósito fuera imaginable.

Hasta aquí todo aún muy bien. Mi duda comienza cuando, como ocurrió ya al verse juzgado otro juez, los cinco magistrados encargados de sacar el pañuelo no se ponen de acuerdo. ¿Puede considerarse que el juez incurrió en decisión injusta, cuando parte de los que le juzgan no lo tienen claro? ¿prevaricarían también? ¿Puede darse por hecho que el juez se apartó de la ley a sabiendas, cuando parte de los que le juzgan dan por sabido que no saben que lo sabía? Esto nos llevaría inevitablemente a una novedosa innovación en el enjuiciamiento criminal: la existencia  de delitos cuya apreciación sólo sería posible cuando el fallo condenatorio se emita por unanimidad…

Artículo publicado en Ideal

La cuestión tiene algún intríngulis adicional: la afanosa brega de unos abogados que hasta no hace mucho han sido colegas del imputado juez, da al asunto aire de conflicto familiar; mientras, el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de esos profesionales que habrían visto atropellado su abnegado servicio al derecho de defensa parecen no haberse prestado –a sabiendas– a instrumentar ni un lance en el albero procesal. El delito puede que no sea imposible, pero condenas por mayoría como las ya producidas parecen desafiar la lógica. la bravura y el trapío se les supone. Luego, enel redondel puede acabar habiendo un poco de todo.De ahí que el reglamento taurino contemple, para que las hechuras del toro no provoquen un altercado público, que el presidente pueda decidir escarnecerlo destinándolo almatadero; le retirará así los honores de lidia a los que su preclara condición zoológica le daba derecho.
A los jueces se les supone imparcialidad y respeto a la legalidad, pero se somete su conducta a control tipificando un específico delito de prevaricación.Nada pues de particular; aunque un viejo colega sevillano, especializado en conseguir que nunca coincida con él, ha llegado a sugerir que estaríamos ante un craso ejemplo de ‘delito imposible’.
La ventaja de la versión taurina radica en que la decisión es unipersonal. El presidente, recabando si lo estima oportuno la opinión de sus asesores, exhibirá ono el pañuelo verde sobre la colgadura del palco y aquí paz y después gloria. La versión judicial me plantea por el contrario alguna perplejidad;no tanto por la existencia del delito ensí como porque pudiera abocar a una ‘condena imposible’.
Como es bien sabido, el artículo 446 del Código Penal incluye la prevaricación entre los delitos contra laAdministración de Justicia, entendiendo que se produce en la conducta del «juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta».
La injusticia de la resolución tiene que ver con la ausencia del obligado respeto al principio de legalidad. Claro que, comoes bien sabido, el tenor de los textos legales abre inevitablemente un amplio ámbito interpretativo, que se presta a sesuda reflexión sin excluir juegosmalabares.Al igual que hay que tomárselo concalma para dilucidar si el toro es cojo de solemnidad o se muestra pasajeramente acalambrado, siempre cabrá discutir si lo previsto para delitos de terrorismo no habría de extenderse a la flagrante comisióndeunblanqueo de capitales desde el mismo lugar destinado a expiar el delito; o si es lomismo pinchar el teléfono al cliente que habla con el abogadoqueal abogadoquehabla conel cliente; habría que preguntarle a Alejandro Sanz para aceptar que no es lo mismo…
La función del ‘a sabiendas’no es sin duda sugerir que se integre a algún siquiatra en el tribunal encargado de apreciar el delito; más bien apunta a que el pasarse la legalidad por la faja haya de ser tan clamoroso que sólomovido el juez por un decidido propósito fuera imaginable.
Hasta aquí todo aúnmuybien.Mi duda comienza cuando, comoocurrió ya al verse juzgado otro juez, los cinco magistrados encargados de sacar el pañuelo no se ponen de acuerdo. ¿Puede considerarse que el juez incurrió en decisión injusta, cuando parte de los que le juzgan no lo tienen claro? ¿prevaricarían también? ¿Puede darse por hecho que el juez se apartó de la ley a sabiendas, cuando parte de los que le juzgan dan por sabido que no saben que lo sabía? Esto nos llevaría inevitablemente a unanovedosa innovación en el enjuiciamiento criminal: la existencia  de delitos cuya apreciación sólo sería posible cuando el fallo condenatorio se emita por unanimidad…
La cuestión tiene algún intríngulis adicional: la afanosa brega de unos abogados que hastano hacemuchohansido colegas del imputado juez, da al asunto aire de conflicto familiar; mientras, elConsejo Generalde laAbogacía y el Colegio deAbogados de esos profesionales que habrían visto atropellado su abnegado servicio al derecho de defensa parecenno haberse prestado –a sabiendas– a instrumentar ni un lance en el albero procesal.
El delito puede que no sea

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